A un sindicalista «no lo puedes acusar de asociación para delinquir, porque está asociado para defender derechos laborales y lo ampara el convenio de libertad de la OIT y la Constitución», subraya el abogado Eduardo Torres
Al abogado Eduardo Torres, integrante del equipo de defensores de los seis luchadores presos, lo sorprendió la condena a 16 años de prisión. «Sorprende que el gobierno de Maduro, y en este caso, los tribunales -que la Misión de Determinación de Hechos no son autónomos, independientes e imparciales- emitan una sentencia tan grotesca», especialmente cuando altos funcionarios públicos afirman que la Corte Penal Internacional no es necesaria en Venezuela porque el sistema de justicia funciona, indica Torres.
La jueza Grendy Duque, del Tribunal 2 de Terrorismo, sentenció a 16 años de prisión a los líderes sindicales y sociales Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Alcides Bracho.
Con este dictamen se ratifica lo contrario de lo que alega el gobierno: se comete «el delito de lesa humanidad, porque es un ataque sistemático, generalizado, contra población civil y con perpetradores perfectamente conscientes de las consecuencias» como lo reza el artículo 7 del Estatuto de Roma. «¿Cómo va a ser que, en medio de unas declaraciones, ocurra la comisión de lo que venimos denunciando?». Esto contradice lo que plantean las autoridades, resalta el abogado.
«La Misión de Determinación de Hechos sostiene que el sistema judicial venezolano es el cómplice necesario para la comisión de esos crímenes, y por eso es que el fiscal de la CPI ha defendido llevar adelante la investigación, y la CPI ha ratificado esa investigación», explica Torres.
El martes 1 de agosto «fue un día infame, un día oscuro para la justicia venezolana y para la libertad sindical, pero fue un día oscuro también para el mandatario Nicolás Maduro, para la Fiscalía y para los propios tribunales del país, porque queda evidenciado que no son autónomos, independientes ni imparciales».
Llama la atención sobre el hecho de que se hayan creado fiscalías de derechos humanos «pero por otro lado estás encarcelando a los trabajadores».
La jueza, indica, desestimó la denuncia hecha por un supuesto anónimo porque los cuerpos policiales no lograron ubicar al supuesto «patriota cooperante». La fiscalía, asegura, no presentó pruebas, salvo un informe de inteligencia de un organismo del Estado «que, por si solo, no es prueba». Ese informe, además, concluye que no hubo ninguna acción por parte de los acusados. La fiscalía presentó un informe telefónico que, sostiene Torres, no cumplió con los preceptos legales. Un funcionario acusó a Emilio Negrín de tuitear en tiempo real la detención de uno de los trabajadores, pero «eso no es delito», remarca.
A un sindicalista «no lo puedes acusar de asociación para delinquir, porque está asociado para defender derechos laborales y lo ampara el convenio de libertad de la OIT y la Constitución», asevera.
Todavía no conocen el sitio de reclusión. Actualmente los seis se encuentran en la sede de la PNB en La Yaguara.
«Nosotros vamos a apelar ante las cortes de apelaciones» que hay en el sistema judicial», confirma el abogado. «Se mantiene una estrategia integral. Por una parte se apela; por otra parte se movilizan los trabajadores, porque hay que derrotar esta sentencia, que es una sentencia infame». Continúa, por otra parte, la denuncia internacional ante instancias como la Misión de Determinación de Hechos, la Corte Penal Internacional y la OIT.
