La oposición ecuatoriana activó este jueves el proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, al que acusan de presuntamente proteger a personas cercanas a él y al oficialismo en un supuesto entramado de corrupción en empresas públicas.
La solicitud de juicio político de censura fue presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) tras reunir 58 firmas de legisladores del correísmo, el derechista Partido Social Cristano (PSC), antiguo aliado electoral de Lasso, y de algunos parlamentarios del movimiento indigenista Pachakutik y de Izquierda Democrática (ID).
La acusación contra Lasso se basa en los presuntos delitos concusión y peculado (malversación), lo que previamente deberá ser evaluado por la Corte Constitucional para determinar si está debidamente fundamentada y que la Asamblea, de mayoría opositora, pueda seguir adelante con el proceso.
Al presentar el pedido de juicio político, la asambleísta correísta Viviana Veloz aseguró que más legisladores se adherirán a la solicitud en los próximos días y afirmó contar con los 92 votos necesarios para censurar al jefe de Estado, equivalentes a dos terceras partes de la cámara.
El pedido para censurar al jefe de Estado se acoge al artículo 192.2 de la Constitución ecuatoriana, que establece que se podrá abrir un juicio político al presidente por delitos de concusión, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
«Hemos presentado este juicio político porque los hechos fácticos, la relación circunstancial y la conducta del presidente se adecua al 192.2: delitos por concusión y peculado en las empresas públicas Petroecuador, la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco)», dijo Veloz.
La asambleísta, de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017), aseguró que esta es una «salida constitucional y democrática».
Veloz es además la presidenta de la comisión parlamentaria que investigó el caso llamado «Encuentro» o «Gran Padrino», y cuyo informe, donde se recomendaba iniciar un juicio político a Lasso, fue aprobado por el pleno de la Asamblea con 104 votos a favor, cuando apenas requería 70.
El caso saltó a la luz con unos audios difundidos por el medio digital La Posta que apuntaban a una presunta trama de corrupción en contrataciones y nombramientos en empresas estatales donde aparecía el empresario Danilo Carrera, cuñado del presidente.
