En respuesta a la amenaza «estamos evaluando para tomar algunas medidas preventivas, dentro de las cuales está dar a conocer lo que está ocurriendo», apunta. La contradicción entre lo que dice Maduro y lo que hace «ha generado una tensión en su base social y política, cuyo desarrollo pretende encubrirlo, o endosarlo a factores externos, cuando el problema está adentro»
En el acto por los 31 años del alzamiento del 4 de febrero de 1992 el mandatario Nicolás Maduro señaló que había exministros y exministras que conspiraban contra su gobierno y que atentaban contra la unión cívico-militar. «Están tratando de dividir disfrazados de chavistas», acusó.
A pesar de que no dijo nombres, todo parece apuntar a los integrantes de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, como Oly Millán, Héctor Navarro y Gustavo Márquez, que formaron parte del gabinete del presidente Hugo Chávez.
«No somos golpistas, no andamos conspirando con nadie», replica Gustavo Márquez, integrante de la Plataforma y exministro y ex embajador de Chávez.
En respuesta a la amenaza «estamos evaluando para tomar algunas medidas preventivas, dentro de las cuales está dar a conocer lo que está ocurriendo», apunta. «Ante cualquier cosa que nos pueda ocurrir ya sabemos cuáles son los responsables». También esperan que las instituciones «tomen nota de esta situación, porque es sumamente grave la amenaza. No es cualquier persona que nos está amenazando: es el propio presidente de la República, y esto ha sido replicado por Diosdado Cabello en sus programas, lo que agrega un elemento adicional»
«No somos una amenaza. Somos simplemente un grupo activo que opinamos y decimos cosas. Esa es la única arma que tenemos. No hay otra ni la vamos a tener», insiste, «porque creemos que cualquier cambio político en Venezuela debe darse por la vía democrática, constitucional y pacífica». Incluso, han promovido «un multidiálogo», un diálogo con todos los venezolanos para «ir encontrando caminos para la reconstrucción de Venezuela».
Razona que tal vez los ven como una amenaza por su análisis del gobierno de Maduro: «Se presenta como un gobierno progresista, un gobierno obrero, un gobierno de izquierda y socialista, pero en sus actos expresar ser un gobierno autoritario, que actúa al margen de la Constitución, neoliberal, que está impulsando la desnacionalización y la entrega de la soberanía sobre nuestros recursos petroleros, que es una conquista histórica». En definitiva «solo pretende mantenerse en el poder a toda costa, bajo una concepción pragmática». La contradicción entre lo que dice Maduro y lo que hace «ha generado una tensión en su base social y política, cuyo desarrollo pretende encubrirlo, o endosarlo a factores externos, cuando el problema está adentro».
Cacería de brujas
«Lo que creemos es que, cuando el rancho arde adentro, parece que se quiere culpar a gente de afuera, cuando las razones que debe buscar el gobierno de Maduro del descontento en su base social y política las tiene en su propia gestión de gobierno», argumenta. «Está incluso en la forma como han conducido el Partido Socialista Unido de Venezuela, de manera vertical, no democrática, como es público y notorio. Aunque se puedan revestir de un barniz democrático todos saben cómo funciona eso».
La gestión de gobierno y el manejo del PSUV «han generado tensiones internas, porque esa base social son trabajadores y están sufriendo los rigores de la crisis, de un salario prácticamente pulverizado, del colapso de la educación y la salud, de los problemas de alimentación», afirma.
Hay descontento, y para esconderlo iniciaron «una cacería de brujas, intentando detener un malestar que solamente puede ser abordado desde una perspectiva crítica, de cambio de actitud, para que realmente pueda manejarse con racionalidad».
Márquez asume las palabras de Maduro «como una excusa, y por eso nos preocupa, porque constituye una amenaza velada y puede iniciarse una persecución contra nosotros en la medida en que somos disidentes, estamos en contra de lo que viene haciendo el gobierno de Maduro». ¿Son opositores? «Estamos ubicados en la oposición, una oposición que ha demostrado ser muy racional, no polarizada y que realmente intenta darle la razón al gobierno cuando la tiene: contra las sanciones, en la defensa del Estado-nación, la defensa del país y la soberanía».
En el país, analiza, «vamos cada vez más hacia un régimen con unidad de todos los poderes, se confunde el partido con el gobierno y el Estado», y ante eso «estamos totalmente en contra, porque se ha demostrado que a lo que conduce es a las aberraciones».
Hitos de una separación
La de Maduro «es una afirmación sin ningún tipo de fundamento, porque la práctica demuestra que nosotros constituimos la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución precisamente con el propósito de defender la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», aclara. «Eso ocurrió en 2016 ante la evidente violación, por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de la Constitución, cuando comenzó a gobernar fuera de ella».
Márquez recuerda que el primer hecho que los llamó a actuar fue el Arco Minero del Orinoco, porque se entregaba un territorio con reserva de agua dulce y biodiversidad a la gran minería, y se convertía al Estado en un promotor de la destrucción de áreas protegidas. «Fuimos al TSJ a solicitar la nulidad de ese decreto, y eso, por supuesto, tiene que molestar al gobierno del presidente Maduro».
También refutaron el decreto de las zonas económicas especiales, por considerar «que es un modelo de maquila, que promueve la desregulación laboral y establece una especie de enclave donde no están vigentes la Constitución, las leyes y los derechos». Eso, reitera Márquez, «contradice el discurso oficial», que dice defender los derechos pero en la práctica hace lo contrario.
Igualmente rechazaron que, ante la solicitud de la MUD de activar el revocatorio, «la respuesta del gobierno de Maduro fue montar unas triquiñuelas, como darles poder a tribunales locales para tomar decisiones sobre un tema que le corresponde al CNE, despojando a este órgano de sus propias funciones» para detener «un revocatorio que probablemente le iba a revocar el mandato». La Plataforma denunció este hecho ante el CNE «pero no hubo respuesta, porque es un órgano subordinado al Ejecutivo».
Cuando se produjo el conflicto con la Asamblea Nacional, que llevó a la inhabilitación del Parlamento, se le dieron al TSJ funciones legislativas, rememora. «Por esa vía se comenzó a avizorar un régimen autoritario, desconocedor de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución».
Igualmente «hemos sido sistemáticos en la denuncia de la violación de los derechos humanos, de los derechos sociales, especialmente la persecución a los trabajadores que protestan, que son detenidos y han tenido que pagar prisión». El encarcelamiento de quienes manifiestan «es propio de los regímenes autoritarios», remarca.
Ratifica que fue inconstitucional la convocatoria a la asamblea constituyente en 2017: «Ni siquiera llegaron a dar resultados. Una constituyente unicolor con la cual pretendieron, y lo hicieron, sustituir a la AN legítima electa en 2015. Nosotros criticamos este hecho, como lo que viene haciéndose con la nueva apertura petrolera, porque se está entregando nuestra soberanía petrolera a las trasnacionales violentando el artículo 302 de la Constitución y la ley orgánica de hidrocarburos. Sin reformar la ley firmaron un contrato entre Chevron y Pdvsa dándole el control completo para la producción y exportación de crudo a esta trasnacional, lo cual viola la Constitución».
También contra la oposición extremista
La Plataforma, subraya, en la cual participan exministros pero también ciudadanos que no tuvieron cargos, «tenemos un compromiso con el país, por la defensa de la Constitución, y por esa razón también enfrentamos a la oposición extremista, que promovió el golpismo, que promovió la intervención extranjera en Venezuela, que se subordinó al Departamento de Estado. que ha respaldado unas sanciones criminales -que también hemos denunciado- contra el pueblo de Venezuela». Esto «configura en esa oposición un espécimen de la misma naturaleza que la del gobierno de Nicolás Maduro. No creen en la democracia, son demócratas cuando les conviene asumir ese discurso pero rápidamente pueden mutar a convertirse en tránsfugas de la política y apátridas que son capaces de pedir la invasión extranjera a Venezuela».
Como lo enfatiza, «por convicción y acción creemos en la Constitución, la única que ha sido refrendada por el pueblo venezolano; creemos que es una Constitución avanzada y por eso defendemos su vigencia y su restitución. Cualquier proceso de cambio político tiene que involucrar la restitución de las instituciones establecidas en nuestra Constitución, después de esta experiencia lamentable que hemos tenido».
La Plataforma tiene propuestas para el país, tales como un plan de emergencia para atender la emergencia social «y las demandas urgentes de la sociedad venezolana en materia de salario, salud, educación, alimentación». Por eso «creemos que ese plan de emergencia debe ser el resultado del diálogo que debe abrirse, y en el que no solamente participen los partidos políticos sino todos los sectores de la vida nacional, porque el pueblo demanda de los sectores políticos que asuman la situación».
