Violación de derechos civiles y políticos, de la autonomía universitaria y de derechos económicos son algunos de los planteamientos que hizo Juan Carlos Barreto, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, al alto funcionario de Naciones Unidas
El lenguaje universal de los derechos humanos puede superar cualquier barrera idiomática. En su visita a Venezuela Volker Türk, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escuchó a familiares de víctimas, a las propias víctimas, a las organizaciones de derechos humanos. También, a las universidades. Juan Carlos Barreto, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), explicó que, como parte del mandato, acudieron al encuentro con Türk.
«Presentamos un informe exponiendo la situación de derechos humanos que afecta a los universitarios; entre ellos, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación y el derecho a la protesta. Además, la violación de la autonomía universitaria, que viola la Constitución», detalló Barreto.
El profesor y abogado puntualizó que se ha afectado el ejercicio de la democracia universitaria «porque el Poder Judicial se ha utilizado para interrumpir los procesos electorales internos».
Al funcionario le contaron, por otra parte, lo que sucede con los derechos económicos, sociales y culturales por el monto del salario universitario, «la confiscación de las nóminas, que viola la autonomía administrativa de las universidades»; la imposición de pagos mediante el carnet de la patria, lo que es «un control social sobre la actividad académica, y eso condiciona a investigadores y docentes a mantener posturas poco críticas».
Los universitarios «no tenemos salud, no tenemos seguridad social, las pensiones están muy bajas, los servicios autónomos han dejado de funcionar», agregó.
Las universidades deben ser rescatadas, alegó Barreto, y hay que garantizarles libertad y autonomía «porque en una democracia la universidad es la que forma el pensamiento crítico».
A Türk «se le hizo una exigencia para que incorporara la situación de derechos humanos de las universidades en su informe, y que elevara esta denuncia en la reunión con actores del gobierno nacional». Una de las solicitudes era por la liberación del profesor Javier Tarazona, encarcelado desde hace más de 500 días. Pero también, por los casos de más de 20 docentes universitarios que en 2017 «fueron sometidos a justicia militar, y otros se encuentran en el exilio por las amenazas que recibieron por expresar una opinión crítica desde su ámbito académico».
-¿Qué compromiso asumió el alto comisionado?
-Dijo que las iba a presentar ante el gobierno, pero que eso dependía del nivel de compromiso del Estado venezolano con cumplir con esas obligaciones. Son obligaciones internacionales que Venezuela ha suscrito. Se le exigió que debe ser más fuerte y se comprometió a extender el trabajo de campo.
-¿Con las universidades?
-Le solicitamos una reunión con su equipo aquí, para que pudiera reunirse con diferentes actores de las universidades y pudiera enterarse de la situación universitaria de manera directa.
