Trascendió que dentro del más alto tribunal de la República habría hay molestias al igual que en las instancias de regulación del sistema bancario que califican el proyecto de sentencia como «una aberración judicial»
Un proyecto de sentencia estaría siendo discutido en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para favorecer al exbanquero venezolano José Antonio Oliveros Febres Cordero.
Así se pudo conocer a través de un documento que circuló en diversas instancias del poder judicial y que ha sido referido por medios internacionales.
Indica la información que fuentes vinculadas al TSJ advirtieron que el proyecto de sentencia ha tenido resistencia en buena parte de los magistrados de la Sala Constitucional. Los que cuestionan el documento indican que, entre otras cosas, disuelve la autoridad de la Superintendencia de Bancos, removiendo a los actuales accionistas de dicha institución.
Trascendió que serían los abogados de Oliveros, Álvaro Prada y Alfredo Abuhasan conjuntamente con Federico Fuenmayor, asistente personal de la Magistrada Gladys Gutiérrez, quienes «habrían redactado la sentencia a la medida que favorece a Oliveros en detrimento de las víctimas, anulando todos los juicios civiles e incluso los procedimientos penales en contra del exbanquero».
Las fuentes señalan que dentro del TSJ hay molestias al igual que en las instancias de regulación del sistema bancario que califican el proyecto de sentencia como «una aberración judicial que podría llevar a todo el sistema bancario nacional y sus autoridades a un limbo».
Existen antecedentes de denuncias contra Oliveros que señalan que en 2015 negoció la compra del Giro Bank en Curazao directamente con el regulador de la isla.
la información que ha circulado indica que para la compra «se usó dinero de sus bancos en Puerto Rico y Venezuela, y se le acusa de utilizar créditos falsos a nombre de clientes del banco, sin que estos conocieran lo que sucedía».
Por otra parte se señala que la fiscalía de los Países Bajos habría iniciado una investigación por corrupción contra el superintendente holandés, Elmsey Tromp, «por presuntamente haber recibido de Oliveros 1,5 millones dólares para favorecer la compra del banco».
Estas investigaciones dieron origen a demandas penales y civiles que iniciaran los clientes del banco en Venezuela, así como también los acreedores de Oliveros por delito de estafa y apropiación indebida calificada, entre otros, dejando una deuda cercana a los 100 millones de dólares.
Por otra parte, en 2018 Oliveros se radicó en Miami justo después de que las autoridades venezolanas emitieran una prohibición de salida del país. «Desde la Florida opera políticamente y actúa como financista de grupos vinculados al partido Voluntad Popular», señala la información que ha circulado en medios de comunicación de Estados Unidos.
Se conoce que la fiscalía venezolana ha investigado a Oliveros Febres por irregularidades y delitos financieros.
En el año 2019 fue imputado por delitos relacionados a CADIVI y dólares preferenciales donde se desviaron más de 300 millones de dólares. La fiscalía emitió una orden de captura contra Oliveros Febres Cordero en julio del presente año.
En 2017, el Ministerio Público venezolano inició una investigación contra José Antonio Oliveros, por haber entregado a la esposa de Leopoldo López cuatro cajas de madera con mas de 200 millones de bolívares en efectivo, provenientes del Banco Activo, del cual era Presidente y dueño.
Tintori fue interceptada por una comisión del CICPC en la Urbanización Los Palos Grandes y posteriormente reconoció que transportaba esa cantidad en un vehículo de su propiedad alegando que era para gastos médicos.
En octubre del 2019 el medio español Diario 16 publicó un reportaje en el que exponen al exbanquero y sus relaciones con el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Ahí se describen detalladamente un presunto entramado de empresas y relaciones familiares con las que habría desfalcado a la industria petrolera venezolana.
