Más de un año después de los operativos policiales contra el Koki cinco habitantes de La Vega continúan tras las rejas -como lo describen sus allegados- en terribles condiciones de reclusión
El Palacio de Justicia parece la mejor metáfora de la justicia en Venezuela. Puertas principales cerradas, una puerta lateral con una larga cola para ingresar al recinto, oferta de bluyines, comida y todo lo vendible en los alrededores. En ese lugar protestaron, este lunes 15 de agosto, los familiares de Los Cinco de La Vega: cinco hombres detenidos en el contexto de las operaciones policiales registradas hace más de un año contra megabandas criminales, y -como lo denuncian sus allegados- encarcelados sin pruebas. Son Darwin Rivas Polanco, José Félix Maiz, Hecgerson Chaparro, Kevin Reinoso y Osmar José Benítez.
Martha Lía Grajales, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, explicó que este lunes comenzaba un nuevo juicio contra Rivas Polanco y Maiz. Señaló que, gracias a las denuncias y protestas, lograron que el Tribunal de Apelaciones revocara la sentencia que los condenó a seis años de prisión por porte ilegal de armas solo con base en lo que dijeron los funcionarios policiales.
«A José Félix lo detuvieron mientras iba caminando a comprar un kilo de arroz para sus hijos, y a Darwin Rivas Polanco lo sacaron de su casa arbitrariamente. Tenemos testimonios de familiares y vecinos que dan fe de que esos muchachos, cuando los detuvo la policía, no llevaban ningún tipo de armas ni municiones», subrayó Grajales.
La lucha del comité logró que el juicio fuese anulado y que se repitiera. «Este lunes es la primera audiencia de inicio de ese nuevo juicio» y por eso «estamos en respaldo de nuestros muchachos».
Grajales hizo un llamado a la jueza nueve de juicio «para que constate las múltiples inconsistencias dentro del expediente, que hemos venido denunciando desde el momento de su detención, y en consecuencia ordene la libertad plena de nuestros muchachos».
La defensora de derechos humanos también denunció «el carácter clasista del sistema de justicia penal y el grave retardo procesal que viene ocurriendo en los casos de Osmar José Benítez, Hecgerson Chaparro y Kevin Reinoso Parra». La audiencia preliminar de Benítez se hizo hace más de 10 meses «sin que se haya llamado a inicio del juicio». En el caso de Chaparro y Parra «han pasado 10 meses desde la audiencia preliminar sin que el juicio se inicie».
El retardo procesal es aún más grave por las condiciones en las que se encuentran, remarcó. Maiz se encuentra en el centro detención policial de San Agustín, Benítez y Rivas está detenido en Zona 7 de Boleíta, a Chaparro lo mantienen en La Yaguara (PNB). «Los familiares deben pagar cinco dólares por cada visita, los muchachos tienen que pagar un dólar a los policías para salir a tomar aire o sol», describió.
Ana Brito, cuñada de José Félix Maiz, insistió en su llamado: «Lo único que estamos pidiendo es que les den libertad plena. No tienen pruebas, no tienen nada que diga que son culpables de los delitos de los que se los acusan».
Cuando los familiares y amigos desplegaron las pancartas se aproximó un funcionario de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura para conocer las razones de la manifestación.
También se acercaron varios integrantes de la Fuerza Armada a llamar la atención y exigir que se movieran de allí, que no podían quedarse. Grajales les recordó que la protesta es un derecho y que se mantendrían en el lugar. Los uniformados tomaron fotos e igual, con ademanes bruscos, los apartaron de las rejas del Palacio de Justicia. Otra metáfora.
