Reconoce que durante el período que abarca el informe se tomaron medidas para aplicar recomendaciones, sin embargo, cree que se deben adoptar nuevas medidas para aplicar eficazmente todas las recomendaciones que den lugar a cambios estructurales a largo plazo
Este viernes 24 de junio, la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, presentó la actualización del informe sobre Venezuela que se centra en los últimos acontecimientos relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico, y el nivel de aplicación de las recomendaciones correspondientes emitidas anteriormente por su oficina a Venezuela.
Reconoce que se continuó con la campaña de inmunización contra la COVID-19, sin embargo, denuncia la falta de acceso a información pública sobre el plan de vacunación.
«En particular, la escasez de combustible y sistemas de refrigeración habrían afectado a la distribución de vacunas en todo el país, principalmente en las zonas rurales y remotas, incluso donde viven las comunidades indígenas».
«La pandemia de COVID-19 agravó un sistema de salud ya frágil. Se siguió reportando la falta de medicamentos, suministros y suficiente personal calificado en el sistema de salud, afectando en particular el acceso de mujeres y niños a una atención médica adecuada, incluido el tratamiento especializado para niños y niñas con enfermedades crónicas y la vacunación contra enfermedades prevenibles, y la salud sexual y reproductiva de mujeres y adolescentes».
En cuanto al ajuste salarial decretado por Maduro en marzo pasado, reitera que de acuerdo con informes, solo es capaz de cubrir 8% de la canasta alimentaria; y la relatora especial para el impacto de las sanciones afirma que «han exacerbado las situaciones económicas y humanitarias preexistentes».
La Alta Comisionada volvió a manifestar su preocupación por la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas mineras de Bolívar y Amazonas, incluso dentro de los parque nacionales Canaima, Caura y Yapakana y territorios indígenas.
«Se registraron denuncias de enfrentamientos entre grupos armados no estatales y bandas criminales por el control de sitios mineros, así como el impacto humanitario de la minería en la población local», señala el informe.
Agrega que se recibieron denuncias sobre el pueblo indígena Samena, que sufrió una desplazamiento interno parcial debido a la violencia por el control de las minas. persistió el uso del mercurio y del cianuro afectando cuerpos de agua de esas regiones.
Además señala que «oficialmente» las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron disueltas.
«13 casos documentados por el ACNUDH están siendo investigados, cuatro en juicio y tres ex miembros de las FAES han sido condenados. Su disolución es un paso hacia una revisión amplia y significativa de las políticas de seguridad a fin de aplicar las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los derechos humanos, como se recomendó anteriormente».
En cuanto a la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) manifiesta su preocupación ante los vínculos públicos de varios magistrados principales y suplentes con partidos políticos, situación que cuestiona la independencia del Poder Judicial.
Asegura que el enfrentamiento entre efectivos de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares en la zona fronteriza de Apure provocó el desplazamiento de 1.000 personas, y sometió a la población a la violencia basada en género, reclutamientos y desapariciones forzadas.
El derecho a la libertad y la seguridad de la persona también son vulnerados.
«El ACNUDH sigue observando frecuentes aplazamientos de las audiencias que dan lugar a detenciones preventivas que se prolongan efectivamente más allá de los límites legales. Las audiencias judiciales se pospusieron en al menos 14 casos, presuntamente debido a la escasez de vehículos o combustible para garantizar el traslado oportuno de las personas detenidas».
Denuncian que el Ministerio Público recibió 235 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas privadas de libertad, incluidas 20 personas que enfrentan cargos por terrorismo.
Continuaron documentando denuncias de violación a la libertad de expresión y opinión que afectan a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos y de la sociedad civil.
«Se documentaron 34 casos, entre ellos hostigamiento, censura y confiscación de equipos de medios de comunicación. El ACNUDH siguió registrando relatos de autocensura por temor a represalias».
Lea el informe completo aquí.
