Lisette González, coordinadora de Investigación de Provea, informó que en Venezuela hay un contexto en el cual se habla de crecimiento económico de algunos sectores, pero a costa de las desigualdades, porque la mayoría de los venezolanos no se beneficia.
Ha aumentado la desigualdad, indicó González, y lo revela el coeficiente de GINI.
Caracas y otras zonas del país tienen mayor estabilidad en servicios públicos, comentó la socióloga.
Se registraron 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, que es cerca de la mitad de lo registrado el año anterior. El Cicpc es el cuerpo de seguridad más letal, indicó la defensora de derechos humanos. La mayoría de los casos están impunes.
En denuncias de tortura y detenciones arbitrarias, la población más afectada son hombres jóvenes de sectores populares. Tenemos 241 denuncias de tortura y 489 denuncias por torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Cicpc de El Hatillo y la Dgcim de Boleíta son los espacios con más denuncias. Hay un aumento de 148% de las denuncias de torturas, comentó.
Lo que parece evidente es que los informes internacionales de iniciar una investigación sobre Venezuela, probablemente, generaron cambios en las políticas, razonó.
En 2021, se aprobaron dos providencias administrativas que obligan a registrarse en la oficina de lucha contra el terrorismo, por lo que la mirada parte de la criminalización, opinó. Ahora, con la reforma de la ley, se atenta contra la libertad de organización y es un intento del gobierno de apagar las voces críticas que quedan en Venezuela, alertó.
Provea enfatizó que el funcionamiento de las ONG no debe estar en manos del Estado; puede haber legislación que regule, pero sin intervenir.
