Hay que investigar a las policías de Carabobo y de Zulia, y también, al gobernador Rafael Lacava y al exgobernador Omar Prieto, porque las policías de sus estados son las más letales, subrayan el padre Alfredo Infante y el abogado Marino Alvarado
En el año 2020 el cuerpo de seguridad más vinculado con presuntas ejecuciones extrajudiciales fue la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), pero en 2021 fue destronado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Lo denunció Lupa por la Vida, alianza formada por Centro Gumilla y Provea.
Esta coalición también destacó la reducción en el número de ejecuciones (que pasó de 1.800 a 1.414) pero Marino Alvarado, del equipo de Provea, insistió en que sigue siendo «una cifra muy elevada» que evidencia «la alta letalidad con la que siguen actuando los organismos policiales y militares».
«Anteriormente el cuerpo más letal fue la FAES, y gracias a la incidencia que se ha hecho con los informes de distintas organizaciones de derechos humanos que trabajan el tema del derecho a la vida, y a los informes de la Misión de Determinación de Hechos y los informes de Michelle Bachelet han incidido en que la FAES haya reducido su letalidad. Sin embargo, la política letal se mantiene y el Cicpc se presenta este 2021 como el cuerpo con mayor letalidad, alcanzando 347 víctimas, que representan el 25%», explica el padre Alfredo Infante, coordinador del proyecto.
Zulia (234 casos), Carabobo (221) y Aragua (158) son los estados con mayor letalidad, enumera Infante.
En el monitoreo de las ejecuciones extrajudiciales aparecen 14 mujeres, indica Infante. «De los 290 feminicidios 5% están como presuntas ejecuciones extrajudiciales», apunta.
De las 1.414 ejecuciones extrajudiciales 13 fueron de menores de edad (2%).
Las investigaciones confirmaron otro dato alarmante: «El 100% de las víctimas son de sectores populares. ¿Qué indica esto? Indica que los barrios estamos sometidos a un continuo Caracazo», expresó. Si en 1989 se masacró a habitantes de zonas populares «hoy esa política sigue a través de las ejecuciones extrajudiciales y del modo como se están concibiendo los operativos».
En los sectores populares «las víctimas son fundamentalmente hombres» jóvenes (66% de las víctimas tienen entre 18 y 30 años). «Nos preocupa que el patrón de los operativos es la criminalización de los jóvenes en nuestros barrios. Eso es muy grave». Criminalizar a los jóvenes de sectores populares «es una política no solamente del Estado, sino de los estados. No tiene color político: es una política que parece ser el patrón de seguridad independientemente de quién esté gobernando».
Para Alvarado «ser joven y vivir en un barrio es de alto riesgo en Venezuela; y si además ese joven tiene algún antecedente policial las posibilidades de que sea asesinado por policías o militares es altísima. Exhortamos a que cese la política de criminalizar a nuestros jóvenes de los sectores populares».
Dos masacres perpetradas siguen impunes: la masacre de La Vega y la masacre de El Ripial (alto Apure). «Este tipo de hechos están generando el desplazamiento forzado por la violencia, pero también son una razón para la migración forzada» de jóvenes que «están huyendo de la falta de oportunidades y de la violencia del Estado». En la masacre de La Vega asesinaron a 23 personas.
«Exhortamos a las instituciones del Estado venezolano a que se investiguen las presuntas ejecuciones que han ocurrido en el país. No solamente los autores materiales, sino las cadenas de mando», reiteró Alvarado. En el convenio entre el Estado y la Corte Penal Internacional «existe la obligatoriedad de investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales, porque son crímenes de lesa humanidad».
La coalición también solicitó investigar «las cadenas de mando; especialmente la cadena de mando de la Policía Nacional Bolivariana y del Cicpc, que son los dos organismos policiales con mayor nivel de letalidad», como lo expresó Alvarado.
Dos policías estadales deben ser investigadas: las de Carabobo y Zulia, porque «son las policías estadales con mayor cantidad de presuntas ejecuciones». Esas pesquisas deben llevar «a que se investigue al gobernador Lacava, la presunta responsabilidad que pueda tener el gobernador Lacava en las ejecuciones que está adelantando la Policía del estado Carabobo», indicó Alvarado. «Las policías estadales están bajo la directa responsabilidad de los gobernadores, los gobernadores son responsables de la seguridad ciudadana en sus estados. ¿Sabe el gobernador Lacava la cantidad de personas asesinadas por la policía de su estado? ¿Qué ha hecho el gobernador para evitar que eso ocurra? ¿Es una orden del gobernador? No sabemos. Para eso hay que investigar».
Igualmente «debe investigarse el exgobernador Omar Prieto, porque la Policía de Zulia fue, durante tres años consecutivos, la policía con mayor nivel de letalidad».
