Un grupo de opositores introdujo un recurso de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, del proceso de recolección de voluntades populares para solicitar el revocatorio presidencial en pasado 26 de enero
Nicmer Evans, presidente del Movimiento Democrático Inclusivo (MDI) y vocero de la agrupación ciudadana Movimiento Venezolano por el Revocatorio (MOVER) señaló que el derecho a revocar al Presidente de la República «todavía está vigente».
Los dirigentes se movilizaron hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que y solicitaron que «se detenga un golpe constitucional en proceso y que se ajuste al Estado de derecho constitucional y declare la nulidad a la voluntad popular de recoger firma para solicitar el revocatorio presidencial».
MOVER introdujo ante la Sala Electoral del TSJ, un recurso de nulidad contra las actuaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), ante las pasadas «actuaciones de la voluntad popular» para recoger firmas con la intención de activar el referéndum revocatorio presidencial.
«Desde el punto de vista jurídico, se ha violentado el reglamento electoral que ellos mismos han establecido. Estamos fundamentalmente pidiendo al Poder Judicial que detenga un golpe de Estado en proceso», manifestó el politólogo Evans.
En este mismo sentido el dirigente opositor manifestó que «no nos prestamos a participar el pasado 26 de enero en una farsa de recolección de voluntades entorpecidas por el propio CNE».
Además insistió en que «hoy seguimos afirmando que el derecho a revocar sigue vigente, y lo que afirmó la rectora Tania D’Amelio, que está cerrado el derecho a revocatorio, es absolutamente falso».
El director del portal de noticias Punto de Corte, enunció de forma categórica que «seguimos afirmando que el derecho a revocar esta vigente, durante el año 2022».
«Nosotros estaremos buscando impedir que se termine de ejecutar un proceso de golpe de Estado continuado y de orden constitucional en desarrollo, desde la propia Presidencia de la República, violando la división de los Poderes Públicos y estableciendo desde el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE), la finalización de un proceso que los venezolanos están expectantes de poder ejecutar de forma firme, aludiendo el Artículo 72 de nuestra Constitución Nacional», esgrimió Evans.
Es significativo reportar que los organismos de seguridad presentes a la salida del acto estaban preguntado a los periodistas: «¿A qué se debe su presencia ante la entrada del TSJ?». En esta misma dinámica le solicitaban a los reporteros que informaran a cuáles medios representaban y que se identificaran con sus nombres.
César Pérez Vivas en nombre de MOVER
El dirigente político y abogado César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira 2008-2012, también estuvo en esta movilización ante el TSJ para «impugnar el proceso iniciado por el (CNE), con el fin de abortar el proceso refrendario presidencial».
«El CNE ha confiscado de manera abrupta y obsesa el derecho consagrado en el Artículo 72 de la nuestra Constitución Nacional de revocar el mandato del señor Nicolás Maduro», denunció Pérez Vivas.
Sobre la base de esta realidad el exparlamentario denunció que «la Constitución consagra como un deber fundamental del Poder Público facilitar los derechos políticos a la participación de los ciudadanos venezolanos en ejercer sus derechos revocatorio».
«El Gobierno nos está limitando el derecho de elegir y revocar, donde en el proceso del pasado 26 de enero a los venezolanos solo nos asistieron 40 mil personas. La mayoría oficialista del CNE, abrió apenas 1.200 maquinas para poder tramitar en apenas 12 horas de la actividad, realizando el anuncio del proceso con 48 horas de anticipación», denunció el activista político.
Con base a esta denuncia la organización MOVER solicitó al TSJ que «reponga la causa de apertura del proceso revocatorio presidencial. Los rectores están violentado abiertamente los derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional».
