«Pedimos que se suspenda el regreso a la presencialidad si no se cumple con las normas de bioseguridad; que se mejoren los ingresos de los trabajadores», exponen Carmelo Sánchez y Adelmo Becerra, dirigentes de Sintrainces
Son 14,58 bolívares los que recibió Adelmo Becerra, secretario general de la seccional Distrito Capital del sindicato del Inces, en la primera quincena de enero de 2022. Parece un mal chiste. Con el pasaje mínimo a 2 bolívares todo el sueldo de Becerra se iría en pagar el transporte tres días del mes, sin incluir comida, ni ropa, ni zapatos.
Es un salario simbólico, enfatiza Becerra.
«No han mostrado la voluntad política de mejorar las condiciones de los trabajadores, aunque se llaman obreristas. Ni condiciones laborales ni condiciones de trabajo», reprocha Carmelo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Inces (Sintrainces).
El sindicato, activo desde el año 2005, representa a unos 14 mil trabajadores de la institución, entre activos y jubilados.
Ante el Ministerio del Trabajo se han promovido mesas de trabajo, desde mayo de 2021. El Ministerio del Trabajo ha llamado a las autoridades a 17 reuniones, pero el Inces no ha acudido a 11, refiere Sánchez. Las mesas son para llegar a un acuerdo y mejorar las condiciones socioeconómicas de los trabajadores y las condiciones de bioseguridad.
Ambos dirigentes rememoran que la institución cerró sus puertas en marzo de 2020 debido a la pandemia, y solo se mantuvieron áreas como nómina. Las nóminas Inces pasaron al sistema patria, por lo que estuvieron varios meses sin recibir su dinero. «El sueldo era paupérrimo, y encima pasamos tres meses sin cobrar. El Ministerio del Trabajo decide llamar las mesas para buscar solución, en mayo de 2021. En junio presentamos una propuesta de 38 cláusulas socioecónomicas para mejorar las condiciones, pago de deudas pendientes» pero el Inces «no ha dado respuesta a ninguna de las solicitudes», manifiestan.
El contrato colectivo está vencido desde 2018 y la discusión parece estar trancada, pero hay otros beneficios que sí es posible mejorar, asegura Sáchez. «Ellos no dan respuesta, ni siquiera asisten».
A esta situación se sumó el llamado a labores presenciales, desde el 17 de enero, aunque «no garantizan el cumplimiento de medidas de bioseguridad, no tienen preparados comedores ni servicios médicos, ni han mejorado los ingresos. No ha habido respuesta positiva. Aún así, pretenden que la gente vaya a trabajar y que lo simbólico que gana cada quien lo gaste en pasaje».
No hay condiciones para el regreso, insisten, aun cuando las autoridades informaron que a quien no acuda le levantarán un acta y le suspenderán el salario.
«Pedimos que se suspenda el regreso a la presencialidad si no se cumple con las normas de bioseguridad; que se mejoren los ingresos de los trabajadores», exponen.
Como lo detalla Sánchez Sintrainces está afiliado a la central ASI Venezuela. ASI presentó una ley de emergencia laboral, en la que está planteado que el salario mínimo sea aumentado proporcionalmente comenzando con el 200%, y luego 100% trimestralmente. El sindicato propone llevar el salario de emergencia a 50 euros al mes, como establece la Cepal.
Los dirigentes sindicales esperan que se consagre el suministro mensual de un combo de alimentos con proteínas, carbohidratos y productos de higiene personal.
Sus denuncias han sido expuestas ante la OIT y la CIDH.
«Llamamos a los trabajadores a que no se presenten en sus sitios de trabajo si no se cumple con las normas mínimas de bioseguridad y de ingresos», destacan.
El Inces fue una referencia que dejó de serlo. Carmelo Sánchez sostiene que ninguno de los 147 centros de formación está operativo. Durante la pandemia no hubo inversión en cuidado ni mantenimiento, y «las consecuencias las vivimos ahora». En el centro de metalmecánica del 23 de Enero se daban clases para formar torneros, soldadores, y hoy han cambiado su orientación: «Ahora el eje es la agricultura urbana. Han desaparecido equipos».
«Tenemos 11 centros agrícolas y los 11 están cerrados. El de San Carlos, de casi 600 hectáreas, está cerrado», expresan. Había 1.400 cochinas, quedan menos de 100.
Pese a todo, reiteran su llamado al diálogo. «Estamos dispuestos a buscar mejoras», manifiestan. Mientras tanto, su quincena no llega a 20 bolívares.
