La Justicia española suspendió este viernes la extradición a Estados Unidos del exgeneral venezolano Hugo Armando Carvajal, reclamado por presuntos delitos de narcotráfico, a petición de su defensa para subsanar un defecto de forma, poco después de que se hubiera anunciado que sería el próximo sábado cuando se haría efectiva.
La Audiencia Nacional española aceptó la petición de la defensa de Carvajal, conocido con el sobrenombre de «el pollo», que se encontraba en una prisión madrileña después de ser detenido en la capital española el pasado septiembre con ayuda de la DEA estadounidense dos años después de darse a la fuga.
Carvajal estaba citado a comparecer como testigo el próximo 27 de octubre tras aportar documentación sobre presuntos pagos de Venezuela que implicarían a exdirigentes de la formación de izquierda Podemos, socios del Partido Socialista en el Gobierno, aunque el tribunal español decidió mantener la extradición a pesar de todo.
La Justicia estadounidense le reclama por haber querido «inundar» Estados Unidos con toneladas de cocaína, que, según este país, introducía en ocasiones con ayuda de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En la petición de extradición, a la que tuvo acceso Efe, la corte del distrito sur de Nueva York informaba de que el Gran Jurado imputa a Carvajal haber sido miembro de la organización de narcotraficantes «El Cartel de los Soles», compuesta por oficiales venezolanos de alto rango.
Cuando compareció por primera vez en España por su extradición afirmó que la reclamación de EEUU se basa en acusaciones falsas y responde a motivos políticos por la información de que dispone de la época del que fuera presidente de Venezuela Hugo Chávez, ya fallecido.
Desde entonces ha aportado ante el tribunal español todo tipo de documentos para acreditar, entre otras cuestiones, un supuesto contrato entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el despacho de abogados Ilocad, que dirige el exjuez español Baltasar Garzón.
Por ese contrato, la petrolera estatal venezolana pagaría 8,8 millones de euros (13,7 millones de dólares) por la defensa de sus intereses en España.
