Un informe del Centro para los Defensores y la Justicia señala como principales responsables de estos hechos a medios de comunicación gubernamentales y funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado.
Un total de 140 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela fueron atacadas durante julio, mes que registró la mayor cantidad de incidentes durante 2021, según un informe publicado este martes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
«140 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio evidencian los patrones sistemáticos de agresión que hacen parte de la política de criminalización», dice el escrito, que se explica que 72 estuvieron dirigidas contra personas defensoras de derechos humanos y 68 contra organizaciones.
La ONG señaló que «durante el mes de julio se documentó el mayor número de ataques e incidentes de seguridad en contra del derecho a la defensa de derechos humanos en lo que va de 2021».
Entre los «incidentes de seguridad» documentados en junio, destacan 112 actos de «estigmatización», 14 ataques de «intimidación y hostigamiento», 5 detenciones arbitrarias y 2 allanamientos.
El informe señala como principales responsables de estos hechos a medios de comunicación gubernamentales y funcionarios que ocupan distintas posiciones de poder en las instituciones del Estado.
Según el CDJ, las organizaciones de derechos humanos y humanitarias fueron acusadas de «robar» dinero proveniente de la cooperación internacional con fines «contrarrevolucionarios», de «servir de fachada» para actividades de Gobiernos y servicios de inteligencia extranjeros, de «manejar millones para intervenir Gobiernos» y de «generar violencia».
Las acusaciones fueron replicadas de manera automática por distintos funcionarios y medios de comunicación que forman parte del sistema nacional público.
«Destacan como principales plataformas utilizadas Con el Mazo Dando, La Hojilla, Zurda Konducta, Misión Verdad, Lechuguinos y Correo del Orinoco», todos ellos conducidos o dirigidos por miembros del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o afines.
Específicamente -prosigue el texto- los ataques fueron cometidos en un 44 % por medios de comunicación gubernamentales, el 24 % provienen de funcionarios públicos, un 12 % de organismos de seguridad, un 11 % de instituciones públicas y un 9 % de «otros».
El CDJ acusa al Estado venezolano de «recrudecer» la política de criminalización en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
«La lógica del enemigo interno se profundiza y los riesgos para quienes se encuentran en primera línea de acción defendiendo, promoviendo y exigiendo derechos aumentan», añade el comunicado.
«La violencia de Estado y la represión siguen siendo ejercidos como una forma de limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis, como parte del control social y las medidas tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país», dice el CDJ.
