Entre los sancionados están el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas; los comisionados de la Policía Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle; y el asesor presidencial de Asuntos Económicos, Bayardo Arce
El Gobierno de Nicolás Maduro rechazó este lunes las sanciones que la Unión Europea (UE) impuso contra ocho funcionarios y personas cercanas al Ejecutivo de Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta del país centroamericano, Rosario Murillo, y calificó la medida de «agresión».
«La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la nueva agresión dirigida desde la Unión Europea contra el Gobierno e instituciones democráticas de Nicaragua, al pretender imponer medidas coercitivas unilaterales a ocho altos funcionarios del Estado», dijo la Cancillería en un comunicado.
El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, informó en esta misma jornada sobre las sanciones a 8 ciudadanos de Nicaragua, entre los que se encuentra Juan Carlos Ortega Murillo —hijo de Murillo y el presidente Daniel Ortega—, y 7 funcionarios del Estado.
Los otros seis sancionados son el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la fiscal general, Ana Julia Guido Ochoa; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos Vanegas; los comisionados de la Policía Fidel Domínguez Álvarez y Juan Antonio Valle; y el asesor presidencial de Asuntos Económicos, Bayardo Arce.
El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos «como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua».
«Las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses», destacó el Consejo, al aclarar que afectan a los sancionados de manera individual y no al país.
Sin embargo, para el Gobierno venezolano, con esta decisión la UE se pone «al margen del derecho internacional y de todas las normas internacionales de convivencia pacífica, respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos y se alinea nuevamente a la práctica del seguidismo a las políticas de intervención de los Estados Unidos».
«Desde esta Venezuela expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y pueblo de Nicaragua frente a este nuevo ciclo de agresiones, al tiempo que reivindicamos su derecho sagrado a tomar las acciones pertinentes contempladas en su ordenamiento jurídico, para salvaguardar su independencia y dignidad nacional», agregó la Cancillería venezolana.
