ONG: «Los responsables de la mayoría de los casos fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios»
Al menos ocho personas fueron detenidas en abril pasado en Venezuela «por expresarse», cuatro de ellas trabajadores de la prensa que fueron detenidos «mientras realizaban coberturas informativas», denunció este jueves la ONG Espacio Público.
La asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios, publicó un comunicado en el que detalla que, en total, documentó 36 violaciones a la libertad de expresión en abril.
«Entre las agresiones más frecuentes resaltaron: la censura, intimidación y amenazas», añade el documento.
Los periodistas fueron víctimas del 32 %, de los casos, los medios de comunicación del 23 % y la «ciudadanía en general» del 14 %.
«Los responsables de la mayoría de los casos fueron las instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y funcionarios», explica Espacio Público.
Entre los casos documentados, recuerda que, el 5 de abril, varios funcionarios de la Brigada Hospitalaria de la Policía del céntrico estado Aragua detuvieron al periodista José Rafael Ramírez y a la estudiante Carmen Ramírez, cuando fotografiaban la fachada del Hospital Central de Maracay, capital regional.
La comandante de ese puesto, la comisionada Eneida Mejía, insultó a Ramírez, le decomisó el carnet de prensa e intentó quitarles los teléfonos y borrar el material que habían hecho hasta el momento, pero ellos se negaron a entregarlos, detalla el reporte de la ONG.
Por otra parte, en el noroccidental estado Zulia (fronterizo con Colombia), efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) detuvieron, desnudaron y borraron el material informativo, a los periodistas Lenin Danieri y Edwin Prieto mientras cubrían una protesta de indígenas Yukpa el 27 de abril.
Otro de los casos documentados por Espacio Público sucedió el 26 de abril, cuando funcionarios de la Policía del estado Apure detuvieron al activista político Francis Bolívar tras difundir un video en redes sociales en el que denunciaba fallas en el suministro de gasolina.
Finalmente, recuerdan que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó a El Nacional pagar 13,3 millones de dólares como indemnización por «daño moral» al número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
«Este monto se establece mediante un procedimiento de indexación desproporcionado y arbitrario de la Sala de Casación Civil del TSJ», subraya Espacio Público.
Acerca de Cabello, aseguran que practica un «hostigamiento continuado» contra la prensa en su programa semanal «Con el mazo dando», que emite la televisión pública.
Con información de EFE
