«El Estado nacional, y en parte eso recae sobre la Fuerza Armada, tiene que prepararse para un conflicto asimétrico que probablemente sea de baja intensidad y larga duración», señala el director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries)
Apure es mucho más que un estado de Venezuela, una zona de conflicto internacional, una tierra sobre la que se ha derramado la sangre de civiles y militares venezolanos. Apure es, hoy, objeto de análisis de expertos en materia de seguridad y analistas de la guerra y de la paz, como Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (Cries).
En el país, en los últimos 10 o 15 años, se han normalizado acciones como «delegar funciones del Estado en grupos paraestatales, el repliegue del Estado en funciones, incluido el control territorial, lo que ha llevado a que ciertos grupos, como el Frente X de las FARC, comiencen a disputar el control del territorio y el ejercicio de la fuerza al mismo Estado venezolano, porque obviamente tiene intereses financieros y quizá políticos».
-¿No había una alianza entre esta administración y la guerrilla o exguerrilla?
-Habían pactado en diferentes instancias ciertos niveles de convivencia, a veces de coordinación, a veces de cooperación. Dependía mucho del contexto regional específico. Sabemos que las FARC están divididas en multiplicidad de grupos, a veces era el ELN, a veces eran otros grupos vinculados con el tráfico de diferentes bienes, legales o ilegales. Eso va variando mucho. Lo que pasa es que en Apure se da una disputa entre dos facciones, la Segunda Marquetalia y el Frente X, lo que lleva a que el régimen decida apoyar a uno de sus socios. O por lo menos eso es lo que llegamos a comprender hasta ahora, porque hay muy poca información disponible. Ahí es que entra en conflicto específicamente con el Frente X, que tiene sus intereses en esa región, que quiere mantener su presencia y que cuestiona el rol del Estado venezolano dentro de ese Estado.
Serbin Pont reitera que, en ningún caso, «el Estado nacional tendría que estar delegando estas funciones, o asociándose con estos grupos paraestatales. Lo hizo, tomó una decisión consciente de asociarse con ciertos grupos, y ahora queda también en el medio de estas disputas. A medida en que el Estado venezolano es aún menos capaz de cumplir con sus funciones centrales, ¿estos grupos qué hacen? Expanden sus operaciones, y cuando expanden sus operaciones entran en conflicto con otros grupos».
Las drogas son «uno de los principales negocios» que generan las disputas, pero también «hay tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de bienes esenciales» que no se consiguen, describe. «Estos grupos se nutren de una diversidad de negocios», se aprovechan «de los vacíos del Estado, de las demandas que existen en las zonas fronterizas».
Considera que la Fuerza Armada percibió que la pérdida de control del Estado se iba a convertir en un problema. «Desde el año pasado empezamos a ver un cambio discurso, inclusive práctico» en cuanto a dejar de prepararse para una invasión norteamericana «y pesar más en seguridad interior». Las acciones en Apure son «un mensaje a escala nacional: la Fuerza Armada trató de establecer un ejemplo y decir’ nosotros no vamos a permitir que esto pase en otras regiones’. Lo que pasa es que la Fuerza Armada falla estrepitosamente en sus acciones militares en Apure; por lo menos, hasta el momento».
En Apure «no está logrando esos objetivos a pesar de un enorme despliegue militar y de medios, y hoy día el mensaje que parece estar transmitiéndose es el contrario: que esos grupos pueden funcionar con relativa impunidad, o incluso seguir expandiéndose, porque el Estado nacional es incapaz de restablecer ese control territorial que debería tener».
-Quería enviar un mensaje. ¿A quién?
-A la diversidad de grupos que hoy por hoy están explotando la casi anarquía en la que vive Venezuela. Podemos hablar de Apure, del Arco Minero, de cualquiera de los estados fronterizos donde hay colectivos, paramilitares, organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, diferentes elementos de las FARC, ELN. Estos grupo están presentes en todo el territorio nacional, y están disputándole al Estado sus funciones centrales.
-El problema no es solo Apure.
-Apure es el epicentro de una problemática más amplia. Es donde estamos viendo una reacción más fuerte del Estado, posiciones más combativas de estos grupos paraestatales. Pero el problema se puede replicar, ya se empieza a replicar. No podemos despegar la situación en Apure de lo que pasa en Caracas con la banda de El Coqui, porque la fin y al cabo, a pesar de que tienen características diferentes, estas organizaciones criminales lo que están haciendo es llevando adelante y expandiendo sus operaciones financieras con tráfico de bienes ilícitos y extorsión, y a la vez le disputan al Estado sus funciones centrales. El Coqui no permite que el Estado en los territorios que él quiere controlar; es más, atenta contra las instalaciones del Estado y las fuerzas del Estado. Apure capaz es, hoy por hoy, el ejemplo más claro de esta conflictividad, pero fácilmente se puede empezar a replicar en otras partes de Venezuela. Eso es lo que nos tiene que empezar a preocupar. ¿Qué pasa si el día de mañana otro grupo, de similares características, empieza a hacer lo mismo?
Apure y El Coqui no necesariamente están vinculados, pero en cuanto a lo que significan para el Estado y la Fuerza Armada son una problemática similar: «Grupos paraestatales que están expandiendo su influencia, su poder, su accionar; y un Estado que se contrae y no puede ejercer sus funciones básicas».
Las razones por las cuales el Estado se retrae son variadas. «Hay problemas serios en cuanto a la capacidad del instrumento militar venezolano para ejercer esas funciones. Falta de apresto operacional, pérdida de recurso humano, falta de financiamiento. Mantener fuerzas armadas es caro, las fuerzas armadas se paga con divisas. Falta de combustible, hay falta de combustible hasta en las Fuerzas Armadas. El instrumento militar tiene una problemática seria para garantizar esas funciones».
También «hay fragmentación y disputas internas» de los servicios de inteligencia, entre el Sebin, Dgcim. «Muchas veces tomar acciones contra un grupo criminal en particular implica tomar acciones contra los socios de ese grupo criminal, que pueden ser otras entidades del Estado». No se puede obviar la pérdida de capacidades del Estado en cuanto a asegurar «condiciones básicas de bienestar para la ciudadanía», lo que genera graves vacíos que fomentan el accionar de estos grupos armados».
Todo esto «da estas condiciones catastróficas que son idóneas para que estos grupos proliferen y se vean fortalecidos», sentenció.
Al hablar sobre la pérdida de vidas en Apure no puede dejar de lado la emboscada del pasado 23 de abril, dirigida «contra lo mejor que tenía la Fuerza Armada para lidiar con esa situación; eran comandos del mar y fuerzas especiales del ejército, lo mejor, lo más preparado, y los que estaban llevando adelante tareas de reentrenamiento del personal». Esto lleva a preguntarse «cuál es la capacidad actual de la Fuerza Armada para lidiar con esta problemática, si lo mejor que tenía sufrió esas bajas en esta emboscada».
Analiza que un enviado especial de Naciones Unidas, o presencia de la ONU, permite «monitorear la situación en el terreno, especialmente en torno a violaciones de derechos humanos, el desplazamiento humano y el resguardo de esas poblaciones», pero para poder actuar en el conflicto «se necesitan capacidades militares por parte del instrumento militar venezolano». Lo que se ve hoy es que la Fuerza Armada «tiene que aprender muy rápidamente, adaptarse a ese conflicto armado, aunque es un conflicto armado al que deberían estar familiarizados por lo menos por nuestros vecinos que, desde hace medio siglo, están lidiando con este tipo de grupos».
Analistas colombianos aseveran que las FARC emplean en Apure las mismas técnicas usadas desde hace medio siglo en Colombia, «y que la Fuerza Armada no haya aprendido de esos ejemplos es preocupante», porque del otro lado de la frontera usan minas antipersonales y organizan emboscadas. «Vemos que la Fuerza Armada está improvisando sobre la marcha» y en el proceso «están muriendo soldados».
-¿La Fuerza Armada debería prepararse para qué?
-El Estado nacional, y en parte eso recae sobre la Fuerza Armada, tiene que prepararse para un conflicto asimétrico que probablemente sea de baja intensidad y larga duración. El conflicto en Apure sigue siendo de baja intensidad. Este no es un conflicto convencional con miles de muertos diarios o semanales. Es muy probable que esto se siga replicando, y entonces la Fuerza Armada tiene que ver cómo puede operar en esos contextos, de manera de ser eficiente contra un grupo que opera con esas tácticas guerrilleras.
Estas operaciones necesitan logística, combustible. «Sostener a un soldado en un teatro de operaciones es caro: es comida, agua, servicios médicos, munición, combustible». Son horas de recorrido para poder llegar, sobre «carreteras que requieren un convoy militar protegiendo, porque si no, están expuestos». Por otra parte faltan capacidades de inteligencia criminal «que puedan llevar adelante estas tareas de investigación y persecución de organizaciones criminales». También «necesitas generar condiciones en el lugar donde están ocurriendo los conflictos para que no sigan reclutando a personas, no puedan escudarse en la población»; en otras palabras, «el Estado necesita ofrecer bienes y servicios esenciales para recuperar su presencia, ya que mientras esas regiones estén afectadas por el desempleo» y la carencia de servicios básicos «estos grupos van a seguir proliferando» porque a muy bajo costo podrán «comprar voluntades».
Lo militar «es importante para lo inmediato, pero para el largo plazo esto requiere infraestructura, desarrollo social, inteligencia criminal, un motón de elementos» que están ausentes.
