Según la demanda, en la sede del Sebin Albán fue torturado con corrientes eléctricas y finalmente asesinado, tras lo cual su cuerpo fue arrojado desde al menos diez pisos y resultó mutilado al caer contra el suelo
La familia del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, que murió el 8 de octubre de 2018 estando preso en Caracas (Venezuela), demandó en Miami (EEUU) al presidente venezolano, Nicolás Maduro, otras autoridades de Venezuela y a la guerrilla colombiana FARC por «daños y perjuicios».
Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Efe, la demanda es por el «secuestro, tortura y asesinato» de Albán y por «el posterior ocultamiento del asesinato, la difamación del Sr. Albán y ulteriores represalias contra sus familiares por parte de Nicolás Maduro Moros y el aparato ilegal mediante el cual él y sus colaboradores controlan Venezuela».
Albán fue detenido el 5 de octubre de 2018 a su regreso al país desde Estados Unidos, donde visitó a su familia y denunció en Naciones Unidas los atropellos a los derechos humanos de los venezolanos en su nación.
Fue detenido como presunto implicado en el atentado con drones durante un desfile militar en el que participaba Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018.
Murió tres días después de ingresar en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas debido a un suicidio según la versión oficial, que fue ampliamente rechazada por opositores venezolanos y organizaciones internacionales como la OEA, como deja constancia la demanda.
Según la demanda, en la sede del Sebin Albán fue torturado con corrientes eléctricas y finalmente asesinado, tras lo cual su cuerpo fue arrojado desde al menos diez pisos y resultó mutilado al caer contra el suelo.
Los demandados por Meudy Albán Osio, la viuda del concejal de Primero Justicia, y sus hijos, María Fernanda y Fernando Albán Osio, están el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, el fiscal general, Tarek Saab, y el ministro de Electricidad y antiguo ministro de Relaciones Interiores, Nestor Reverol.
Los demandantes acusan a todos ellos de «encabezar una organización criminal que tortura y asesina a sus enemigos» y piden al juez asignado, Darrin P. Gayles, de los tribunales del Distrito Sur de Florida, que les abra juicio.
Otros demandados son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Cartel de los Soles, una organización supuestamente formada por generales venezolanos y dedicada al narcotráfico.
Los demandantes recuerdan que el «Departamento de Justicia de EEUU ha explicado que Maduro a través de su liderazgo en el Cartel intentó expresamente inundar de cocaína a Estados Unidos con el fin de socavar la salud y el bienestar de nuestra nación».
De las FARC dice que es una organización terrorista, reconocida como tal por EE.UU. desde 1997, que «entre 1999 y 2021 se convirtió en uno de los mayores productores de cocaína en el mundo y ha perpetrado actos de violencia contra ciudadanos y propiedades» de este país.
En los argumentos de la demanda se hace un amplio repaso de la situación en Venezuela desde el punto de vista de los derechos y libertades, de la corrupción y la crisis humanitaria que vive el país.
La viuda e hijos de Albán, que según la demanda empezaron a recibir amenazas de muerte en 2015, lo que los llevó a viajar a Estados Unidos, donde solicitaron asilo político, cuenta también que el concejal tomó la «difícil decisión» de quedarse en Venezuela para seguir luchando por la «rehabilitación de su país».
Después explica la razón de la acusación de «difamación» contra los demandados: el suicidio es una «mentira particularmente fea» para un católico devoto como Albán y además el Gobierno dijo que se suicidó porque se le había hallado en posesión de pornografía infantil, «otra mentira vil y gratuita».
«Como si todo eso no fuera poco, los agentes de Maduro allanaron y, definitivamente, destruyeron el negocio de contabilidad» de los Albán, que servía de sustento para la familia después de que él muriera.
Respecto a la inclusión del Cartel de los Soles y las FARC entre los demandados, el texto señala que «Maduro se asoció con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para traficar cocaína por toneladas y lavar internacionalmente las ganancias mal habidas, incluyendo a Estados Unidos».
También destaca que todos los demandados, salvo uno, han sido procesados por narcoterrorismo, lavado de dinero u otros delitos en tribunales de EE.UU., incluyendo los del Distrito Sur de Florida.
El diario El Nuevo Herald, el primero en informar de esta demanda interpuesta hace un mes, habló con el abogado de la familia Albán, Jaime Guttman, quien señaló que los documentos de la corte hablan por sí mismos y los demandantes «no tienen planes de hablar con periodistas en este momento».
La demanda civil se ampara en la ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (RICO, por sus siglas en inglés), usada con éxito para enjuiciar a grandes figuras del crimen organizado.
