Los derechos laborales de los universitarios «deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y cogobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)»
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), propuso a los maestros un plan de acción conjunto para la defensa del derecho a la educación y del salario.
«Es indispensable aunar esfuerzos con el Magisterio, a través de un plan de acción conjunto, para la defensa del derecho a una educación de calidad y por nuestros derechos laborales, ya que, en la actualidad, el Estado se ha retirado completamente de esta obligación, y ha liquidado la accesibilidad de la mayoría de la juventud venezolana a la educación», subrayó la federación en un comunicado.
Anuncia también que, como parte de la agenda de lucha, «las asociaciones de profesores se comprometen a reunirse con las federaciones de centros y diferentes sectores de estudiantes para elaborar un plan de acción conjunto en defensa de las universidades, su autonomía y la calidad de la educación. Hacemos un llamado a nuestros agremiados a realizar con sus asociaciones de profesores un levantamiento gráfico de la situación de la infraestructura universitaria en cada una de las Instituciones».
Llamó a activar «los comandos intergremiales en cada Universidad y acordar un plan de acción que incluya a todos los sectores universitarios (estudiantes, profesionales, empleados y obreros), colegios profesionales, sindicatos y gremios de todos los sectores de trabajadores y las ONG, para exigir nuestro derecho a un trabajo decente, la defensa de los derechos laborales y del salario, el derecho a la educación y a la salud».
Los derechos laborales de los universitarios «deben ser defendidos por todas las instancias de gobierno y cogobierno universitario, y no es aceptable recurrir a medidas coercitivas para el regreso a las actividades bajo cualquier modalidad, mientras no se creen las condiciones materiales indispensables que la hagan posible, a saber: salario digno, ambiente sano (bioseguridad), servicios (incluido acceso a internet) e insumos (equipos y material didáctico)».
Fapuv ratifica «que el derecho al estudio es una responsabilidad del Estado venezolano, el cual debe garantizar las condiciones indispensables a las instituciones, los estudiantes, los profesores y demás trabajadores, para una educación de calidad».
En Venezuela «no hay garantía de regreso a clases bajo ninguna modalidad. Al no remunerar el trabajo, el Estado ha roto unilateralmente la relación de trabajo razón por la cual declaramos la emergencia laboral en las universidades venezolanas y llamamos a nuestros agremiados a no aceptar trabajar en condiciones de oprobio, ni bajo amenaza. Las asociaciones de profesores defenderán a cada profesor que manifieste su imposibilidad de cumplir con su labor académica en las actuales condiciones».
La Junta Directiva «acordó exhortar a los Rectores y Consejos Universitarios al diálogo social institucional respetuoso para la toma de decisiones con nuestro gremio, en función de garantizar el respeto a los derechos de nuestros agremiados y la defensa de la autonomía universitaria».
Igualmente, «nos comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para propiciar las elecciones de autoridades, gremios y sindicatos, a través de los reglamentos institucionales, sin injerencias externas».
«Rechazamos la agenda del MPPEU para el año 2021, aprobada de manera inconsulta, así como las pretensiones de imponer líneas de acción académicas y políticas en las universidades, lo cual violenta la autonomía universitaria con rango constitucional. Igualmente, rechazamos que se pretenda aprobar una nueva Ley de Universidades en un Parlamento que solo representa al ejecutivo nacional y no representa al pueblo venezolano. Y repudiamos el nombramiento de autoridades por parte del CNU, organismo que no tiene ninguna competencia para ello, dado el carácter originario de la autonomía universitaria», sentenció.
