Señala que «las decisiones de la Constituyente no son leyes porque no son dictadas por el órgano parlamentario ni mucho menos cumplen con el procedimiento constitucional para la elaboración de las leyes»
La ONG Acceso a la Justicia señaló este miércoles, 2 de diciembre, en un informe, que el oficialismo busca darle la estocada final al desmantelamiento del Estado constitucional de derecho que consideran «ocurre en Venezuela desde hace ya más de veinte años».
En el texto, señalan que «transformar al Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución» son las tres tareas que una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) debe ejecutar una vez convocada por el pueblo, de acuerdo con el artículo 347 de la Constitución de 1999. No obstante, ninguna de esas asignaciones ha sido llevada a cabo por la instancia convocada írritamente por Nicolás Maduro en 2017 y no por el pueblo como manda la Constitución. La ANC, en cambio, se ha dedicado a atacar a la Asamblea Nacional (AN), electa en diciembre de 2015, asumir sus funciones y perseguir a la disidencia».
La ONG en su Informe sobre la Asamblea Nacional Constituyente, denunció la utilización de la misma como parte de la fachada institucional en Venezuela, en el cual concluyó que la instancia fue activada «con el objetivo de arrogarse las competencias parlamentarias y, en consecuencia, profundizar la obstrucción al funcionamiento del Poder Legislativo legal y la persecución de sus diputados».
