La Asamblea Nacional planteó la asistencia técnica de la OIT para buscar soluciones. El Parlamento resolvió acompañar a los jubilados y pensionados de todas las áreas de trabajo «en su lucha para que se haga valer su derecho al Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados
Jubilados y pensionados sobreviven a duras penas en el país. Con una pensión igual al depauperado salario mínimo, se ven obligados a comer y subsistir con menos de un dólar al mes, mientras la canasta básica supera los 200 dólares.
Es necesaria la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en conjunto con los actores sociales, para buscar una solución a la situación precaria que viven los trabajadores jubilados y pensionados del país, planteó el diputado zuliano Héctor Vargas, durante el debate sobre el acuerdo en rechazo a las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra los jubilados y pensionados venezolanos, celebrado en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, vía online, de este martes 10 de noviembre.
La AN debe asumir el compromiso de procurar los recursos para garantizar la sostenibilidad del Fondo de Pensiones del sector público y ejecutar las acciones necesarias para extender la solidaridad social a los sectores excluidos de la protección que merecen, enfatizó.
Recordó que expropiaron el fondo de pensiones de los trabajadores petroleros jubilados, que contaba con más de 3 Mil 200 millones de dólares. “Para el colmo de los males acabaron con el Sistema Contributivo para la Protección de la Salud de los trabajadores de PDVSA, Sicoprosa y hoy los trabajadores activos y sus familiares no gozan de servicios de salud que les corresponde y están desamparados”, indicó el parlamentario zuliano”.
El Parlamento resolvió acompañar a los jubilados y pensionados de todas las áreas de trabajo «en su lucha para que se haga valer su derecho al Bono de Alimentación y Medicamentos para Pensionados y Jubilados, aprobado por la Asamblea Nacional».
Tambien se comprometió a trabajar en un plan para la restitución de pagos de pensiones en el exterior, suspendidas del 2015, «así como la posibilidad de cancelación de lo adeudado a sus beneficiarios, con base en la Constitución y las leyes».
La AN asume la reforma de la «legislación pertinente que conduzca a otorgar el 100 por ciento del último salario a jubilados de la administración pública, una vez cumplidos los requisitos de antigüedad y lo establecido en su sector laboral».