En el programa Vlamidir a la Carta, Marino Alvarado, defensor de los Derechos Humanos, dijo que «desafortunadamente el gobierno ha usado las medidas excepcionales para incrementar el control y la represión contra los ciudadanos»
El coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado denunció que el silencio de Alfredo Ruíz causa graves violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. «Tenemos un Defensor del Pueblo que está absolutamente mudo frente a tantas violaciones de Derechos Humanos y un Fiscal que investiga muy poco», dijo.
Expuso que personalmente estuvo en un principio complacido que Ruíz llegase a ser Defensor, porque durante más de 30 años estuvo denunciando la violencia policial, pero a su juicio ha sido frustrante su actuación.
También mencionó, en el programa Vladimir a la Carta, por Youtube, que en el caso de Tarek William Saab es muy lamentable porque tuvo una larga historia en defensa de los Derechos Humanos y debería ser más sensible ante la situación de miles de ejecuciones policiales. «Es muy lamentable que dos personas como Alfredo Ruíz y Tarek William Saab hayan permitido que se llegara a estos niveles de impunidad en Venezuela», expresó.
Con respecto al caso de los hechos ocurridos en el estado Anzoátegui, en Aragua de Barcelona, específicamente, luego de que la Guardia Nacional disparara a diversos manifestantes y resultara asesinada una persona, Alvarado destacó que «esta sería la segunda persona asesinada por abuso de la Guardia Nacional en el mes de julio».
Asimismo, enfatizó que a pesar que se haya pronunciado tanto el Fiscal General como el Defensor del Pueblo, diciendo que adelantarán investigaciones, «no es la primera vez que se ha prometido investigaciones en casos que han tenido mucha denuncia pública y los resultados no se ven, ojalá en el caso de la persona asesinada en Aragua de Barcelona haya avance», agregó Alvarado.
Recalcó que los hechos de abuso policial y militar que se repiten una y otra vez en nuestro país desafortunadamente, son consecuencia de la alta impunidad.
Ante la pregunta del periodista Vladimir Villegas que si se puede considerar las ejecuciones extrajudiciales como política del gobierno venezolano, el coordinador de PROVEA dijo, «afirmamos que es una política de Estado las ejecuciones extrajudiciales porque es alentada desde el alto gobierno. Recordemos que Bachelet solicitó la disolución de la FAES y Maduro respondió que la FAES se iba a fortalecer».
Como dato mencionó que en el informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el estado Zulia tiene la mayor cantidad de ejecuciones policiales. «El gobernador de Zulia le ha dado un enorme aliento a la policía para que actúe con altos niveles de violencia contra la población», denunció Alvarado.
También resaltó sobre el reciente informe de Bachelet que en el mismo identificó que entre enero y mayo del 2020, se han realizado más de 1.345 presuntas ejecuciones en Venezuela. «Una cifra única en América latina», expresó Alvarado.
«La FAES se ha convertido en un grupo de exterminio contra lo más pobres de Venezuela», apuntó.
El coordinador de PROVEA también denunció que en las zonas populares no sólo tienen que soportar la violencia de la delincuencia, sino la violencia de policías y militares que llegan a las casas sin orden judicial y asesinan a muchas personas en las mismas.
Además mencionó que «los policías tienen una lógica de rapiña. Nosotros hemos tenido denuncias en PROVEA donde una vez que han allanado y asesinado, se llevan hasta los juguetes de los niños, comida, televisores, celulares».
Alertó que «es muy terrible esto que está pasando, que si las fuerzas policiales van a buscar a una persona y no la consiguen se llevan a un familiar para presionar. Esto refleja la falta de humanidad del gobierno».
De igual forma que los organismos policiales son muy efectivos cuando se trata de casos donde las víctimas son altos funcionarios, «pero cuando las agresiones son contra Juan que vive en el barrio ni siquiera se abre la investigación».
Alvarado destacó que, según el Foro Penal en el país hay cerca de 400 presos políticos.
Con respecto al caso de Gilber Caro indicó que, el dirigente político ha sido desaparecido tres veces. Y que la DGCIM se ha convertido en la ESMA de Venezuela. Un centro de torturas y desaparición.
«Casi todos los presos políticos en los últimos dos años han sufrido desaparición forzoda», denunció Alvarado e hizo la comparación que Hugo Chávez siendo preso político daba declaraciones a la prensa, lo visitaban familiares y gente que querían conocerlo.
Referente a la pandemia, mencionó que la lucha es porque todas las personas contagiadas puedan tener una atención digna en los centros de aislamiento porque si esto no se garantiza «la gente no va a querer reportar casos del virus por miedo a que los recluyan en lugares sin las condiciones adecuadas». Por lo que enfatizó que es necesario un acuerdo político para atender la pandemia.
Finalmente, denunció que es una arbitrariedad que el dirigente sindical Rubén González por sólo defender los derechos laborales en el país esté preso. Mencionó que su defensa apelará la sentencia este 28 de julio.