El informe resalta que seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de Conatel y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a portales informativos
Humberto Prado, comisionado para los Derechos Humanos y la Atención a las Víctimas de Juan Guaidó presidente interino, sostuvo que en 2019 los periodistas y el derecho a la libertad de expresión se vieron «fuertemente afectados».
Prado presentó este lunes el informe «Venezuela entre la oscuridad y la esperanza: Informe de DDHH 2019», en el que subrayó que, ese año se caracterizó por una «marcada agudización del conflicto político y la crisis social» en Venezuela y, según recoge un comunicado del equipo de Guaidó.
Según el informe, en 2019, seis canales internacionales fueron sacados de la programación, 20 emisoras salieron del aire por orden de la estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y se registraron más de 28 casos de bloqueos y ataques cibernéticos a portales informativos en plataformas de redes sociales durante la transmisión de discursos o movilizaciones políticas opositoras.
Además, se produjeron al menos 2.219 detenciones arbitrarias, relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, de las que fueron víctimas, en la mayoría de los casos, trabajadores públicos y de la prensa, tanto venezolanos como extranjeros.
Más de 1.500 detenciones arbitrarias por resistencia a la autoridad, refleja el informe en dicho lapso, catalogando esas detenciones como «asesinatos».
Acerca de la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía, aseguró que, entre enero y mayo de este año, 1.560 personas fueron «asesinadas», bajo el calificativo de «resistencia a la autoridad».
En su opinión, eso muestra un patrón de conducta durante sus operativos. Además, sostuvo que han incurrido en «todo tipo de crímenes» y añadió que el 95% de los casos de tortura registrados por el Instituto Casla muestran prácticas de violencia sexual, añade la información.
Sobre los servicios básicos, la comisión que dirige Prado observó que en 2019 se agravó la situación y, al menos, 4,3 millones de venezolanos no tienen acceso a agua potable de calidad.
El 48% de los consultados por la comisión manifestó haber permanecido al menos tres días seguidos sin energía eléctrica en el año, un 33 % informó que pasan cuatro días sin el servicio y otro 4 % respondió que pasa más de siete días sin electricidad. Varios pueblos indígenas en riesgo por situaciones varias.
De ello, la comisión también aseguró que los pueblos indígenas sufren una «profunda crisis de derechos humanos» por la explotación laboral, sexual y la violencia que sufren los niños y las mujeres que trabajan en el Arco Minero del Orinoco, un vasto terreno repartido entre los selváticos estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro, fronterizos con Brasil y Guyana.
Para el equipo que dirige Prado, estas actividades ponen en riesgo la existencia de pueblos como el Pemón, Warao, Wayúu y Añu. Finalmente, y sobre la situación en las cárceles, la comisión señaló que en 2019 se reportó el deceso de 149 presos en centros de detención preventiva y detalló que el hacinamiento se incrementó hasta el 500 % por los detenidos en manifestaciones públicas.
