El abogado defensor de DDHH se preguntó si la misión del Consejo de DDHH de las Naciones Unidas es cooperar con los Estados o con las víctimas. También rechazó que se esté criminalizando a los venezolanos que regresan al país siendo portadores del coronavirus
El abogado defensor de Derechos Humanos (DDHH) y coordinador de la ONG Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez, se pronunció sobre el último informe presentado por la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela, y expresó que es un informe con poca contundencia.
«Es un documento flojo y ambiguo porque no precisa en nada el incumplimiento de las primeras 23 recomendaciones que hizo al Estado venezolano en su primera visita al país en 2019, cuando abogó por la liberación de los presos políticos, cuestionó y exigió realizar una investigación a los responsables de las detenciones arbitrarias, la desaparición forzadas de personas, torturas y tratos crueles e inhumanos y degradantes ejecutadas en los centros de reclusión como la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y el penal de Ramo Verde, así como la violación al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución”, expresó el exparlamentario.
En opinión de Narváez, Bachelet pasó por alto las ejecuciones extrajudiciales por parte de los cuerpos de seguridad, principalmente por las FAES, la vulneración de la libertad de expresión, a través de la persecución a los medios de comunicación social y a los periodistas, la persecución y el encarcelamiento a la disidencia, y la crisis sanitaria.
Señaló específicamente que las dos partes de su informe, presentadas una el 4 y la otra el 15 de julio de este 2020, la alta comisionada no señala ni precisa la grave persecución y represión de las víctimas de violaciones a DDHH, y que ocurren por razones políticas por parte del Estado, algo que genera lo que califica como «una lamentable frustración en familiares y víctimas» de la violación sistemática DDHH por parte del Estado.
«Cuando leo y analizo el informe en detalle, encuentro que la Alta Comisionada, a mi manera de ver y con mi experiencia de más de 30 años como activista por los DDHH en Venezuela, que ella y su oficina recién creada en este país se apartan de las víctimas y se convierten en colaboradores del Estado venezolano y me pregunto ¿es que la función y misión del Consejo General para los DDHH de la ONU es cooperar con los Estados o con las víctimas?
Rechazo a la criminalización
El activista por los DDHH también se refirió a los señalamientos que hizo el Gobierno y el jefe del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos, en los que criminalizan a los venezolanos que huyeron del país por la hambruna, emergencia sanitaria, escasez de medicamentos, o persecución y represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y el colapso de los servicios básicos, que se fueron en busca de una mejor calidad de vida y se encontraron con que en varios de los países receptores los despreciaron, siendo víctimas de la xenofobia y del abandono por parte del cuerpo diplomático del Estado venezolano, y que hoy intentan retornar al país debido a la pandemia por la COVID-19, siendo entonces estigmatizados y hasta etiquetados como «armas bacteriológicas», algo que, señaló, es violatorio de los DDHH y de garantías internacionales establecidas en la Constitución.
«El artículo 19 de la Carta Magna establece –apuntó Rafael Narváez-, que el Estado debe garantizar a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los DDHH».
Por ello, acusó al jefe del Ceofanb de violar la tan cuestionada «Ley contra el odio, la tolerancia y convivencia» en su artículo 20, que establece sentencias de hasta 20 años de cárcel para quien incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas mediante cualquier medio.
«Si la ley existe y se respeta, el jefe del Ceofanb debe ser investigado y procesado penalmente sin privilegios», enfatizó Narváez.
En su opinión, debe cesar la criminalización de unas personas que, de estar infectadas por el coronavirus, son víctimas y que, como venezolanos, tienen todo el derecho, establecido constitucionalmente, de transitar por el país.
Finalmente, expresó su rechazo a que Nicolás Maduro haya tildado de irresponsables a los venezolanos que regresan a su país por caminos irregulares y llamó la atención sobre que el Ceofanb esté pidiendo datos personales y dirección de venezolanos que regresen por las llamadas «trochas».
