«Estaríamos entrando en una peligrosa fase que incluye la lucha armada que generará reposicionamientos en los diferentes sectores nacionales e internacionales, especialmente en los del gobierno de facto, que responderá con espíritu de cuerpo frente a la amenaza de agresión», subrayó el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
La COVID-19 es usada por las autoridades venezolanas para hacer que la gente se calle su descontento, manifestó el sociólogo Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
En su artículo de opinión «Estado de alarma, disciplina y silencio absoluto», Uzcátegui advierte que «el decreto de estado de alarma ha generado mecanismos de control que, en otros lados, hemos calificado como ‘soñados’ por el bolivarianismo como dispositivo de dominación de los venezolanos: Aumentando la separación, aislando a los individuos para que sean incapaces de la acción colectiva en el espacio público, incrementando los niveles de censura y autocensura, militarizando el control territorial de los principales centros urbanos, aumentando la estatización de la vida cotidiana, los resquicios de disentimiento que conocíamos antes de la epidemia están siendo eliminados progresivamente».
Por ello, «tenemos casos de médicos detenidos por haber denunciado en sus chats privados no haber contado con los implementos necesarios en el hospital donde desempeñan sus labores, o ciudadanos detenidos por haber publicado en Instagram su descontento por la escasez de gasolina. Y esto es así porque la situación extraordinaria derivada por el Covid-19 esta siendo utilizada como un ejercicio de disciplinamiento por parte de las autoridades para normalizar el silencio absoluto y la inhibición para expresar el descontento».
A juicio de Uzcátegui, el coronavirus «ha permitido desplegar una nueva situación extraordinaria que, lamentablemente creemos, permanecerá luego de la epidemia. Aprovechando las circunstancias la dictadura, si cabe el término, está endureciéndose».
Rememoró que el lunes 4 de mayo, cuando aún se desarrollaba un confuso hecho insurreccional en las costas venezolanas, «Provea reiteró una serie de principios a través de sus redes sociales, que generaron una virulenta respuesta de los altos funcionarios del gobierno de facto. ¿Qué decían los mensajes? 1) Ante el cierre de los canales pacíficos de la resolución del conflicto Maduro estimulaba escenarios de violencia; 2) Provea sólo apoyaría mecanismos pacíficos para la transición a la democracia; 3) La comunidad internacional debe rechazar salidas de fuerza, aumentando mecanismos diplomáticos de presión y 4) Las personas que habían sido detenidas en los hechos no debían ser víctimas de torturas, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Estos mensajes, o con variantes habían sido publicados en otras oportunidades en los últimos meses. ¿Por qué precisamente ahora generaron esa furiosa criminalización? Por ahora nuestra respuesta es: La naturaleza del conflicto esta variando cualitativamente».
Uzcátegui enfatizó que, aunque se rechacen las opciones violentas, «como es nuestro caso, los hechos están allí. Se ha materializado la opinión de un sector de la sociedad venezolana, que opinaba que eran las opciones de fuerza las que cambiarían la correlación de fuerzas y catalizarían el cambio. Siendo así, estaríamos entrando en una peligrosa fase que incluye la lucha armada que generará reposicionamientos en los diferentes sectores nacionales e internacionales, especialmente en los del gobierno de facto, que responderá con espíritu de cuerpo frente a la amenaza de agresión».
Subrayó igualmente que, «una transición provocada por un hecho de fuerza» no será «el inicio de un proceso político para dejar atrás las causas y consecuencias del autoritarismo, sino que será una continuación del conflicto».
