«Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Caracas», señaló la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó este martes 10 de marzo que la violencia y el acoso contra periodistas, opositores, líderes sindicales, autoridades universitarias y otros colectivos continúa en Venezuela, «acompañado de una retórica que estigmatiza a las víctimas».
«Las tensiones políticas y los actos de violencia de fuerzas de seguridad y simpatizantes del Gobierno contra parlamentarios de la oposición continúan», aseguró Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos, en una intervención donde repasó la situación que vive ese país desde su última comparecencia ante ese órgano, el pasado septiembre.
La expresidenta chilena recordó que desde el 5 de enero las fuerzas de seguridad venezolanas han dificultado el acceso de los diputados opositores a la sede de la Asamblea Nacional, y lamentó la detención de dos de ellos, Ismael León y Gilber Caro, así como del asistente del segundo, Víctor Ugas.
En estos últimos seis meses, la oficina que dirige Bachelet, también ha documentado diversas agresiones contra opositores políticos, manifestantes y periodistas «sin que las fuerzas de seguridad actuaran».
Entre los agredidos figuraron 12 periodistas que cubrían el 11 de febrero, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, el regreso del líder opositor Juan Guaidó a Venezuela, tras una gira internacional, o las que sufrieron manifestantes y reporteros atacados por colectivos armados en un acto político en el estado Lara.
«Las agresiones suelen estar acompañadas de una retórica que estigmatiza, expone y desacredita a las víctimas y justifica la violencia», indicó Bachelet en su intervención, donde también mostró su preocupación por el hostigamiento contra algunas autoridades universitarias.
Bachelet, criticó el proyecto de legislación para sancionar a las organizaciones de derechos humanos que reciben financiación del exterior, y las restricciones a la libertad sindical a través de desalojos y detenciones de líderes de sindicatos.
«Además, mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas», indicó la alta comisionada.
En otro orden de cosas, Bachelet, expresó su preocupación por los efectos que las sanciones económicas internacionales están teniendo en Venezuela, tales como las impuestas a la empresa aérea Conviasa o las que sufre la industria petrolera, que «disminuyen los recursos del Gobierno destinados al gasto social».
Las sanciones dificultan el acceso de la población venezolana a medicinas, por lo que centros como el Hospital Infantil José Manuel de los Ríos, en Caracas, están en «situación crítica», funcionando sólo a un 20 por ciento de su capacidad, subrayó.
Sobre el éxodo venezolano a otros países, que ya roza los 5 millones de personas, Bachelet, reconoció los esfuerzos de los países de acogida en la región, pero lamentó «las declaraciones de algunas autoridades» en esas naciones, «que podrían justificar o incitar la xenofobia y violencia contra personas migrantes y refugiadas».
En el turno de réplicas, el embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, reiteró que su país es víctima de unas sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que constituyen «crímenes de lesa humanidad».
«El Gobierno supremacista de Donald Trump, ha restaurado la doctrina Monroe, y amenaza con invadir militarmente nuestro país», aseguró, para añadir que las medidas coercitivas unilaterales de Washington «le han robado a Venezuela 116.000 millones de dólares, equivalentes a seis años de presupuesto».
La delegación de Perú, en representación de 55 países, declaró la «alarma» de parte de la comunidad internacional por las «sistemáticas violaciones de derechos humanos y la pésima situación humanitaria» en una Venezuela, donde un tercio de su población sufre inseguridad alimentaria.
«El sufrimiento humano en el país hunde sus raíces en años de mala administración, corrupción sistemática y un creciente autoritarismo», destacó Perú.
