En un comunicado difundido este martes la confederación advirtió que la actual carga fiscal recae injustamente en las empresas cuya actividad habitual está formalizada
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) se sumó a las organizaciones de empresarios y comerciantes que rechazan las nuevas políticas tributarias del Ejecutivo Nacional, por considerar que perjudican más el ya golpeado aparato productivo nacional.
En un comunicado difundido este martes, Conindustria manifestó su «profunda preocupación y alertó al país sobre la promulgación y ejecución de un importante número de leyes de contenido tributario, que atentan aún más contra la producción, la libertad empresarial y el emprendimiento, sentando las bases para que la anarquía y la apetencia fiscal continúen horadando el futuro de la manufactura nacional».
Asimismo, advirtió que la actual carga fiscal recae injustamente en las empresas cuya actividad habitual está formalizada, debidamente registrada y en contacto con las administraciones tributarias.
«La promulgación y aplicación de tales mecanismos, no hacen sino incrementar la mortandad empresarial evidenciada en las zonas industriales de la geografía nacional y local», reiteraron desde Conindustria.
Acerca de la legalidad de estas medidas señalaron, que la tributación debe ajustarse a la distribución armonizada que describe la Constitución, evitando que los entes públicos territoriales invadan competencias, extralimiten su autonomía con el establecimiento de tributos o impongan deberes de colaboración o expresiones de responsabilidad (agentes de percepción o retención que no se corresponden con la esencia de los impuestos constitucionalmente aceptados).
Para Conindustria, el incremento de la carga tributaria traerá como consecuencia una creciente informalidad que contribuye con la evasión fiscal; la presencia en el mercado de productos sin los debidos controles sanitarios y de calidad; desaparición de la manufactura y cierre técnico de las empresas, en menor tiempo del que reflejan nuestros estudios (un 53% señala que permanecerá entre 6 a 12 meses), con su impacto directo en la disminución de puestos de trabajo.
