Luis Izquiel, abogado y experto en delincuencia organizada, analiza la situación que se presentó en Caracas el jueves pasado y señala un par de hipótesis. Habla sobre la importancia que le dan los delincuentes al tema territorial
La información que ha trascendido extraoficialmente es que quienes fueron lugartenientes de Carlos Revette, «El Koki», serían los responsables de un ataque con una granada al puesto de la Policía Nacional Bolivariana en la Cota 905. Esto marcaría el regreso de la violencia a este sector.
Luis Izquiel, experto en criminología, maneja dos hipótesis sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de mayo y señala el móvil de la venganza por una parte y la recuperación del territorio por la otra.
El abogado penalista indica que el ataque podría ser una retaliación por la muerte de «El Koki». Sin embargo, esgrime una segunda hipótesis que es la que más le convence.
«El ataque a un puesto de la Policía Nacional Bolivariana puede ser la señal de que estén tratando de recuperar el territorio perdido, luego de la serie de operativos que los obligaron a salir de la Cota 905», señala Izquiel.
Explica que después de la acción que se dio el año pasado y que expulsó a «El Koki» y sus cómplices (El Garbis y El Vampi) de la zona hubo una fuerte presencia de la policía.
«La Cota 905 estuvo custodiada durante varios meses luego del operativo. Después fue abatido Carlos Revette en Las Tejerías, en los predios de «El Conejo». Al parecer, la presencia policial ha disminuido y es posible que los sucesores de «El Koki» decidieron volver e imponerse en el espacio perdido», señala Izquiel.
Explica que para estos delincuentes el territorio es un valor muy preciado. «Ellos no pueden irse y montar sus actividades en otro barrio. Esas son las calles, las veredas, los refugios que conocen. Esa es la gente que conocen. Allí nacieron y se sienten seguros».
Indica que esta acción es una forma de amedrentar al personal policial, ya que ha disminuido su volumen en la zona. También llama la atención sobre la incapacidad del Estado de llegar con instituciones, lo que deja desguarnecida la gobernanza y ese es el caldo de cultivo para que entren las megabandas a las áreas populares.
Insiste en que debe darse un abordaje estructural al problema de la delincuencia, empezando por la presencia del Estado en nuestros barrios, donde son reclutados los jóvenes por los grupos delincuenciales.
Según sus cálculos existen en el país alrededor de 35 megabandas y sus liderazgos se van renovando en la medida que caen los cabecillas.
«Por eso no se reduce el número de estas organizaciones. Mientras no haya un ataque a las causas que generan la delincuencia el problema persistirá», asegura Izquiel.
