La alta comisionada Michelle Bachelet recomendó al gobierno de Nicolas Maduro que «disuelva las FAES». Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, subraya: «Las FAES tiene que readecuarse, tiene que desmovilizarse y yo abogaría por su inexistencia» porque la Constitución establece el diseño policial para Venezuela «y la FAES no está en ese diseño»
La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) ha sido denunciada, nacional e internacionalmente, por un amplio repertorio de violaciones de derechos humanos. A este grupo de seguridad, creado directamente por el mandatario Nicolás Maduro, se lo acusa de torturas, tratos crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y otras prácticas violatorias de los DDHH.
En 2019, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recomendó al gobierno de Maduro que: «Disuelva las FAES y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas».
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que «los cuerpos policiales y militares de Venezuela -incluida la FAES-asesinaron a 1.611 personas en los primeros seis meses de 2020, un promedio de 9 personas por día. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes pobres, entre 18 y 30 años de edad». En esta razzia asumida por la FAES han sido asesinados dirigentes sociales afines al proyecto político de Maduro. «La madrugada del 11 de junio, las FAES asesinaron a cinco personas en el sector El Limón en Caracas, Arquímedes Ramón Martínez, Andri Narváez, Roger Blanco, Pedro Pablo Salcedo y Wilmer Yáñez. Esta última víctima, era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos», informó Provea.
¿Está en manos de la nueva ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, disolver la FAES? Rocío San Miguel, activista de derechos humanos y directora de la organización Control Ciudadano, recuerda que Carmen Meléndez ya estuvo en ese cargo y afirma su paso «fue gris» y breve. «No fue capaz de ejercer el control de los cuerpos de seguridad del Estado en tan poco tiempo», explica.
San Miguel afirma que ella posee «el mando supremo» de la Policía Nacional Bolivariana, que tiene «aproximadamente ocho grupos de policías especializadas», además de las policías regionales y municipales.
No obstante, como activista de DDHH deja las puertas abiertas: «Le daría el beneficio de la duda. Ojalá pueda establecer los correctivos que se han señalado» por organismos internacionales. «Ojalá que este rostro, que no está sancionado, pueda tener la legitimidad, la acción y el apoyo para realizar los correctivos que no fue capaz de realizar Néstor Reverol». Considera que Reverol fue premiado con ascensos «por los abusos cometidos».
«Ojalá aporte medidas saludables para la seguridad ciudadana en Venezuela», comenta. Una de ellas: disolver las FAES.
«Las FAES tiene que readecuarse, tiene que desmovilizarse y yo abogaría por su inexistencia» porque la Constitución establece el diseño policial para Venezuela «y la FAES no están en ese diseño», expone.
Las FAES «es una policía militarizada. Honremos la promesa constitucional de 1999» de «desmilitarizar la seguridad ciudadana, y las FAES contrarían ese principio».
