La Misión de la ONU para la Determinación de los Hechos en Venezuela dijo este martes en el Consejo de Derechos Humanos que Diosdado Cabello, influyente figura de la cúpula del poder venezolana, también dirige «el centro del aparato represor del Estado» desde su nombramiento en agosto pasado como ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
«Cabello continúa amenazando públicamente a personas opositoras o percibidas como tal», declaró la presidenta de la Comisión, Marta Valiñas.
Anteriormente, Cabello fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2018-2020) y actualmente es vicepresidente del partido en el poder y fue nombrado ministro del Poder Popular en medio de la crisis política que se vivió en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, un movimiento que se interpretó como un intento de reforzar el control interno.
En una actualización del último informe que su Misión presentó al Consejo de Derechos Humanos, Valiñas destacó que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desestimó las impugnaciones contra los resultados electorales «sin revisar el fondo de las denuncias».
«Además, el Consejo Nacional Electoral nunca publicó el acta de totalización de votos ni los escrutinios por mesa, y existen pruebas de que sus miembros recibieron instrucciones políticas para manipular los resultados», denunció.
La Misión sostuvo que la represión contra la oposición se intensificó antes y después de la investidura de Nicolás Maduro, el pasado 10 de enero, y que las protestas fueron brutalmente reprimidas, con detenciones arbitrarias y violencia contra manifestantes.
Según datos de la Misión, entre septiembre y diciembre de 2024, las fuerzas de seguridad e inteligencia detuvieron a al menos 42 personas opositores o percibidas como tales, entre ellas dirigentes, activistas políticos y 14 periodistas.
Además, de acuerdo a fuentes no gubernamentales, en la primera mitad de enero se detuvo a 84 personas, incluido líderes de organizaciones sociales y a una persona con discapacidad.
Además de la persecución política, el informe de la Misión ha destacado la implementación reciente de sendas leyes que permiten al gobierno castigar con hasta treinta años de prisión e inhabilitación política de hasta sesenta años a quienes sean considerados una amenaza para el Estado.
«Además de mencionar explícitamente casos y personas, la Misión quiere recordar a la gran cantidad de personas anónimas cuya historia y situación no alcanzan a ser difundidas públicamente», comentó Valiñas.
