Durante la celebración del «II Foro de Jóvenes Líderes: Nuevas generaciones que asumen retos en Venezuela», realizado este 10 de febrero en la sede de Fedecámaras, el representante ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, advirtió que la actualización de la legislación laboral es un paso indispensable para lograr un incremento real del sueldo mínimo en el país.
Desde el auditorio Ángel Cervini, Roig explicó que el marco legal vigente impone una carga financiera que compromete la sostenibilidad de las empresas al momento de ajustar los ingresos de los trabajadores. El experto señaló que, bajo las condiciones actuales, resulta inviable para el sector privado absorber los costos derivados del sistema de prestaciones sociales.
El punto crítico de la discusión reside en el método de cálculo de los beneficios laborales. Según Roig, la indexación y la retroactividad basadas en el último salario devengado generan una deuda acumulada que las empresas no pueden sufragar en contextos inflacionarios.
«No estamos hablando de eliminar las prestaciones sociales. De hecho, se trata de eliminar el recálculo. En estos momentos, se recalculan las prestaciones sociales con base en el último salario con retroactividad e indexado. En tiempos de inflación, para alguien que tiene una antigüedad de 26 años, le das un aumento de 10 dólares y el precio es imposible de pagar para la empresa», detalló en entrevista para Fedecámaras Radio.
Para destrabar esta situación, el representante ante la OIT planteó la posibilidad de promulgar una Ley de Emergencia Laboral. Esta normativa establecería un periodo especial de carácter temporal donde los incrementos salariales no tendrían incidencia en el cálculo de las prestaciones sociales.
Esta medida permitiría:
- Aumentos directos al flujo de caja del trabajador: El dinero llegaría de forma inmediata al salario sin generar pasivos impagables para el patrono.
- Sostenibilidad empresarial: Se protegería la operatividad de la empresa privada al desvincular el aumento de las variables de antigüedad indexada.
- Dinamización del consumo: Al mejorar el poder adquisitivo, se impulsaría la demanda de bienes y servicios, motorizando la economía nacional.
Jorge Roig enfatizó que existe una voluntad real por parte del gremio empresarial para mejorar las condiciones de sus empleados, reconociendo que un mejor salario es beneficioso para el ecosistema económico global.
«Los empresarios privados están deseosos de pagar un mejor salario, pero evidentemente debemos superar la legislación laboral vigente para hacerlo posible», concluyó el dirigente gremial.
La propuesta surge en un momento donde diversos sectores del país exigen ajustes salariales frente al costo de vida, colocando la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en el centro del debate nacional para este 2026.
