«Ante ese evento de fuga masiva que tenía previsto el derribo de una pared (…) pues se hizo necesario la actuación de los cuerpos de policías del estado Portuguesa con el apoyo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional para poder neutralizar y evitar la fuga masiva», explicó el secretario de seguridad ciudadana de esa región, Carlos Valero
Un intento de «fuga masiva» de los reos fue lo que originó el motín carcelario ocurrido el viernes en una comisaría de la localidad venezolana de Acarigua, en el estado Portuguesa (centro), y que dejó al menos 29 fallecidos, indicó el secretario de seguridad ciudadana de esa región, Carlos Valero.
«Los privados de libertad inician el retén con la finalidad de iniciar una fuga masiva que tenían programada», dijo en declaraciones a periodistas al señalar que las 29 personas murieron en un enfrentamiento cuando las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ingresaron para controlar la situación.
«Ante ese evento de fuga masiva que tenía previsto el derribo de una pared (…) pues se hizo necesario la actuación de los cuerpos de policías del estado Portuguesa con el apoyo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional para poder neutralizar y evitar la fuga masiva», indicó.
Valero aseguró que los reos recibieron a la policía con la detonación de tres granadas y una «lluvia de balas» en la que resultaron 19 funcionarios heridos, uno de ellos de gravedad.
«355 detenidos (…) se podían haber fugado si no se hacen estas acciones», apuntó.
La ONG Observatorio Venezolano de Presiones (OVP) había señalado el viernes que las muertes eran el resultado de un conflicto que había iniciado en la comisaría desde hace al menos diez días entre la policía y los reos, quienes pedían que se permitiera el alojamiento de las visitas en el interior del recinto.
De momento, ninguna otra autoridad se ha pronunciado sobre lo sucedido en esta comisaría y decenas de personas, familiares y allegados de los fallecidos, se encuentran a las afueras de la morgue de esa localidad a la espera de que les entreguen los cadáveres.
Tanto el OVP como la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por la oposición, han responsabilizado al Estado por considerar que tiene «malas políticas» en los recintos carcelarios.
El OVP ha denunciado el hacinamiento de los centros de reclusión de Venezuela, tanto en cárceles como en calabozos estatales y municipales, que albergan aproximadamente a 85.000 personas, y que ha degenerado en el incremento de la violencia.
Los datos de la ONG aseguran que los centros penitenciarios bajo el control del Ejecutivo venezolano tienen una capacidad de 35.562 y la población reclusa es de 54.738.
La información del OVP, sin embargo, no coincide con los datos oficiales del Ministerio Penitenciario que asegura que en Venezuela existe una población de 54.116 reclusos y una capacidad de ocupación penitenciaria de 82.736.
