Mientras los países vecinos avanzan, el Estado venezolano ha construido una arquitectura de omisión que hoy se traduce en cifras alarmantes: solo en el primer semestre de 2025, el OVV LGBTIQ+ documentó cerca de 150 casos de violencia y discriminación. No son hechos aislados, sino el resultado de un sistema que, al negar derechos básicos, entrega a los ciudadanos a la impunidad y al abuso, convirtiendo a las instituciones en verdugos y al hogar en un espacio de peligro.
El peso de 16 años de silencio
Para entender la violencia actual, es necesario mirar la deuda histórica. Venezuela arrastra una mora legislativa que constituye una violación sistemática de derechos humanos.
- Identidad secuestrada: Se cumplen 16 años desde que se reformó la Ley de Registro Civil, la cual teóricamente permitiría el cambio de nombre para personas trans. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin implementar los mecanismos para que este derecho sea efectivo.
- Matrimonio y exclusión: El artículo 44 del Código Civil sigue excluyendo a las parejas del mismo sexo, una contradicción directa con los principios de no discriminación que el Estado intenta promover en foros internacionales.
Esta falta de reconocimiento jurídico envía un mensaje claro: estas vidas no son prioritarias para la ley. Este vacío es el que permite que la discriminación escale hasta convertirse en violencia física y persecución política.
El Estado como agresor (2024-2025)
El contexto postelectoral de 2024 marcó un punto de quiebre. La comunidad LGBTIQ+ enfrentó una ola de represión estatal sin precedentes, caracterizada por detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.
- Persecución a activistas: Casos como la detención de Yendri Velásquez, coordinador del OVV LGBTIQ+, en el Aeropuerto de Maiquetía cuando se disponía a asistir a la ONU en Ginebra, o el asedio a Koddy Campos, demuestran una estrategia para silenciar a quienes defienden derechos fundamentales.
- Operación Tun Tun: En enero de 2025, esta política de represión alcanzó a personas de la comunidad bajo criterios de criminalización política y moral.
- Violencia institucional letal: La muerte bajo custodia de Ysrael Serrano Riera en El Helicoide y el asesinato de Carlos Enrique González Cuenca en Barinas evidencian que la desprotección estatal puede ser mortal.
Cuando la ley decide no mirar
La violencia no solo viene del funcionario armado; viene del papel que no se firma. La parálisis de la Ley Orgánica Contra Todo Tipo de Discriminación, estancada desde 2023, deja a las víctimas sin mecanismos de reparación.
Esta desprotección se manifiesta en la cotidianidad de formas crueles:
- Extorsión policial: En marzo de 2025, una pareja en Zulia fue secuestrada y extorsionada por funcionarios de la PNB, quienes exigieron dinero tras humillarlos por su orientación sexual. Patrones similares se repitieron en junio con amenazas de revelar la sexualidad de las víctimas a sus familias si no pagaban.
- Discurso de odio institucionalizado: La mayoría de los casos de 2025 corresponden a discursos de odio difundidos por figuras con influencia, incluyendo foros que promueven prejuicios bajo el ala de instituciones académicas y políticas.
- El peligro de no ser visible: El boletín del OVV LGBTIQ+ revela que 33 personas rompieron el silencio sobre agresiones de sus propias parejas. Al no existir leyes que reconozcan estos vínculos, el agresor utiliza el «outing» (amenaza de revelar la identidad) como arma de tortura, sabiendo que la víctima no tiene un marco legal que la proteja en una relación del mismo género.
El reconocimiento como acto de supervivencia
La violencia contra las personas LGBTIQ+ en Venezuela no es un accidente social; es una violencia estructural. Cuando el Estado ignora el acoso a una adolescente trans en La Guaira o impone cláusulas discriminatorias para prohibir la Marcha del Orgullo en Barquisimeto, está validando la exclusión.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ reafirma que el silencio institucional es cómplice. Mientras no existan leyes que protejan la identidad, reconozcan las familias y sancionen el odio, el Estado seguirá siendo el principal verdugo. Reconocer estas historias es el primer paso para desmantelar la impunidad.
