El matrimonio igualitario y la identidad de género son dos reivindicaciones que no han sido honradas
Día del Orgullo Lgbti, este 28 de junio es una fecha propicia para examinar los compromisos de las instituciones venezolanas con la ciudadanía sexodiversa.
Reivindicaciones como el reconocimiento a la identidad de género y el matrimonio igualitario siguen siendo materias pendientes en Venezuela. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia no ha reconocido la identidad de género. La Asamblea Nacional -ni la del chavismo ni la de la oposición- ha dado el visto bueno al matrimonio igualitario.
Venezuela Igualitaria criticó al gobierno de Maduro y a la Asamblea Nacional (AN). «Celebramos otro año de #OrgulloLGBTI sin que la @AsambleaVE desempolve el proyecto de ley de #matrimonioigualitario entregado en 2014. Sin que el @TSJ_Venezuela diera sentencia firme a demandas que esperan hace más de 3 años respuesta. Menos ha hecho @NicolasMaduro por nosotros».
Es un año difícil, por razones como la covid-19, y han hecho poco las instituciones, enfatizó.
Unión Afirmativa, en un manifiesto a propósito del mes del orgullo LGBTI, formuló algunas exigencias:
-A todos los funcionarios y servidores de los poderes públicos del Estado: el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos para con las personas Lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
-Al Poder Ejecutivo: Cumplir con las recomendaciones elaboradas por los diferentes organismos de derechos humanos y los compromisos adquiridos en este mismo sentido.
-Al Poder Legislativo: Someter a ratificación la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. Emprender las modificaciones legales pertinentes según los estándares internacionales de Derechos Humanos para que las personas LGBTI puedan tener una vida digna en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.
-Al Tribunal Supremo de Justicia: Cumplir con las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 24/17 en relación a permitir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Así como permitir a las personas trans e intersex la modificación de nombre y género a través de un proceso administrativo de manera clara y expedita libre de procedimientos estigmatizantes. Responder a todas las demandas sobre personas LGBTI interpuestas ante su despacho y que permanecen sin ser atendidas.
-A la Defensoría del Pueblo: cumplir con su deber de protección y defensa de las personas sin discriminación
-Al Ministerio Publico: proceder a investigar todos los crímenes de odio contra personas LGBTI debido a su orientación sexual, identidad y expresión de género, a iniciar la reparación de los daños a víctimas y familiares y garantizar la no repetición de los mismos.
-A los cuerpos policiales y de seguridad: Actuar apegados a los protocolos y procedimientos según los estándares internacionales de derechos humanos. Evitar incurrir en abusos de poder contra las y los venezolanos en particular con los más vulnerables como las personas LGBTI.
-A los gobernadores y alcaldes: cumplir con las disposiciones de los acuerdos contra la homofobia, transfobia y bifobia en sus estados y municipios. Elaborar políticas públicas de inclusión social para las personas LGBTI. Emprender programas de capacitación y sensibilización a sus funcionarios en materia de Derechos Humanos.
-A la empresa privada: Iniciar las medidas pertinentes para otorgar a los empleados que se identifiquen como homosexuales ambientes seguros a tal fin. Reconocer los beneficios laborales a los empleados en relaciones con personas de su mismo sexo en igualdad de condiciones a las parejas de distinto sexo. También, emprender procesos de formación, capacitación y sensibilización a gerentes de personal, gerentes administrativos y empleados en general sobre ambientes de trabajo libres de acoso y discriminación por razón de género, orientación sexual, identidad y expresión de género, en concordancia con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la empresa privada y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
-A los partidos políticos: a emprender un dialogo real con las organizaciones de la sociedad civil que permita a sus integrantes entender e impulsar de manera genuina los derechos humanos de las personas LGBTI. Estar conscientes de su responsabilidad para con el progreso y bienestar de la ciudadanía en general, con mayor énfasis a los grupos discriminados y violentados en sus derechos.
