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miércoles, 27 noviembre, 2024
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Cedice estima en 21.000 millones de dólares inversión necesaria para mejorar el servicio eléctrico

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Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Falcón y Barinas son los estados que, según el Monitor de Servicios Básicos de Cedice, padecen con mayor rigor la crisis estructural del servicio eléctrico

Para mejorar y optimizar un servicio público básico como el suministro eléctrico en Venezuela se requiere la inversión de 21.000 millones de dólares, en un lapso de entre tres y cinco años.

Así lo determinó el más reciente informe, correspondiente al mes de octubre, del Monitor de Servicios Básicos del Observatorio de Gasto Público (OGP) de Cedice Libertad.

Esta investigación es el resultado de la información recabada de encuestas formuladas a 2.300 personas desplegadas en todo el territorio nacional, con el apoyo de corresponsales voluntarios en 10 localidades del país.

Además, se formula una revisión periódica de más de 25 medios digitales para recolectar y conciliar la información sobre denuncias, alertas y registros ciudadanos sobre el desempeño de los servicios básicos en su localidad.

El estudio fue coordinado por el economista Raúl Córdoba, del OGP de Cedice Libertad.

En el documento se señaló que 72% de la población consideró que el sistema eléctrico es vulnerable, inestable y se encuentra deteriorado, por lo tanto, no suple las necesidades de los venezolanos.

Los estados donde hay más reportes de averías eléctricas son: Mérida, Zulia, Nueva Esparta, Falcón, Barinas, Lara y Trujillo.

Hay reportes que indican que en algunas zonas del país sus habitantes pasan 14,9 horas diarias en promedio sin luz.

Entre 20 y 30 dólares por mes ronda el promedio de pagos adicionales que deben hacer los venezolanos para cubrir las deficiencias en materia eléctrica. La inversión en compras, mantenimiento y alquiler de plantas eléctricas, así como de insumos y linternas improvisadas es cuantiosa”, revela el documento de Cedice.

Caso Nueva Esparta

Para el coordinador de la investigación del OGP, Raúl Córdoba, “la situación en la Isla de Margarita ha sido extremadamente difícil, debido a la crisis eléctrica provocada por la explosión en el Complejo Gasífero Muscar, en el estado Monagas».

«Esta explosión ha dejado a la isla y a otras zonas del oriente de Venezuela sin suministro eléctrico adecuado, con cortes de luz que duran entre 12 y 20 horas diarias”.

Justamente, al cierre de esta nota, el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, informó que el Complejo Gasífero Muscar ya se encuentra recuperado y en el proceso de operar de manera normal.

La explosión, que ocurrió el 11 de noviembre, afectó gravemente el suministro de gas necesario para las plantas termoeléctricas que abastecen de electricidad a la región.

“Como resultado, Margarita, conocida por ser un importante destino turístico, ha enfrentado apagones prolongados que han paralizado actividades comerciales y afectado la vida cotidiana de sus habitantes”, señala el economista.

El gobierno venezolano ha atribuido el incidente a un ataque terrorista y ha detenido a varias personas en relación con el suceso. Mientras tanto, los residentes de la Isla de Margarita han tenido que lidiar con la pérdida de alimentos perecederos, la falta de agua y las altas temperaturas sin aire acondicionado.

La recuperación del servicio eléctrico ha sido lenta, aunque se han activado algunas unidades de las plantas termoeléctricas para intentar normalizar la situación. “Sin embargo, la crisis ha dejado un impacto significativo en la economía local y en la calidad de vida de los habitantes de la isla”, señala el informe de Cedice.

Propuestas para mejorar los servicios:
  • Diseño de un Plan de revisión, mantenimiento y reacondicionamiento de la infraestructura existente. Plan de corto y mediano plazo. Inversión estimada: 21.000 millones de dólares.
  • Impulsar la diversificación de las fuentes de energía en el país.
  • Repotenciar el conocimiento – Know-how- entre los funcionarios que manejan el sistema eléctrico.
  • Reformular el esquema tarifario del sistema eléctrico nacional.
  • Impulsar cambios radicales en la gestión y la transparencia administrativa.

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