El Tribunal de Control de Caracas estableció este lunes mantener la privativa de libertad y el pase a juicio de Roberto Marrero y Juan Antonio Planchart
Al culminar la audiencia preliminar este martes en la madrugada del jefe de despacho de Juan Guaidó, Joel García, abogado, informó que el tribunal ordenó iniciar el juicio y mantener la privativa de libertad a Roberto Marrero.
García explicó que el siguiente paso es esperar la motivación que haya llevado a la juez a tomar la decisión de juicio de Marerro y Juan Planchart.
El juzgado admitió la acusación fiscal por los delitos y ordenó la celebración de un juicio oral y público. De igual modo, aceptó la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra Marrero por ocultamiento de arma de guerra y explosivo, mientras que Planchart será también enjuiciado por el delito de financiamiento al terrorismo.
La instancia estableció además la continuidad de las medidas innominadas de bloqueo e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar y gravar bienes, precisó una nota de prensa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
«Es difícil defenderse ante un hecho que sólo existe en la imaginación del Ministerio Público y de un funcionario policial. Es difícil defenderse de tantas indeterminaciones fácticas que existen en la acusación contra Roberto Marrero», dijo el abogado.
En la audiencia preliminar se admitió toda la acusación fiscal y declararon sin lugar todas las excepciones propuestas por la defensa, mantuvieron los delitos, le acogieron todos los órganos y medios de prueba al Ministerio Público, «ordenaron el pase a juicio, mantienen la medida privativa judicial de libertad”, detalló.
«Este pronunciamiento ya estaba decretado en cadena presidencial por Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez”, destacó García.
Asimismo, Joel García exhortó a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a reunirse con los abogados, con ONG y las víctimas para que escuche el otro lado que está clamando por los derechos humanos en Venezuela.
Roberto Marrero fue detenido el 21 de marzo de este año en su residencia, debido a un informe realizado por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sobre una presunta compra de armas que habría realizado en Colombia.
La resolución dispone como centro de reclusión de ambos detenidos la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
