Este oro negro que emerge de la muerte de los árboles también afecta a la fauna y a las comunidades. Iniciativa Cotoperiz denuncia que han formalizado las denuncias ante las instituciones del Estado y no pasa nada. Los ambientalistas Francisco Cañizález y Elías Perozo advierten que, según un informe oficial, se perdieron 4 mil kilómetros cuadrados entre 1089 y 2019
Se llama semiárido pero no es un «peladero de chivos». Aproximadamente 70% de la superficie del estado Lara está constituida por ese paisaje de poca lluvia, altas temperaturas y vegetación acorde con un clima difícil en el que están presentes los bosques y los ríos. En ese territorio donde la vida se abre paso hay una hostilidad que llegó de la mano del ser humano: la explotación de carbón.
«Hay una tradición de la explotación de madera para el carbón vegetal y para la artesanía, pero en los últimos cuatro a seis años ha habido un boom; sobre todo, por la exportación de carbón», explican Francisco Cañizález y Elías Perozo, de Iniciativa Cotoperiz.
Como hay «un incentivo por los dólares y las conexiones trasnacionales, han proliferado empresas que no eran las tradicionales» y que están afectando este ambiente. Tal vez el semiárido parece «el guapetón del barrio», pero su fragilidad es tan grande como la de otros ecosistemas. Son, además, áreas protegidas, y por varias figuras: una parte es el Parque Nacional Cerro Saroche (creado en 1989), y a otras las amparan la ley de bosques y la ley penal del ambiente. Al menos ocho parroquias de los municipios Iribarren y Torres son víctimas del afán por este nuevo oro negro que emerge de la muerte de los árboles.
Los ambientalistas calculan que en años recientes se pasó de dos o tres empresas, a 22. «De esas 22, hay 17 que son solo depósitos, y cinco que son ‘procesadoras’. En realidad el proceso principal lo hace el campesino, que es talar los árboles, procesar en hornos, envasar en sacos, trasladar a las empresas. Digo que son procesadoras, entre comillas, porque lo que hacen es empaquetar para la exportación», describe Perozo.
Empresas del Estado, advierten, se han sumado al negocio del carbón. «La empresa de comercio exterior de la gobernación anunció, para junio del año pasado, la exportación de 180 toneladas que iban a Italia, Chipre y República Dominicana. A mediados de enero de este año anunciaron 51 toneladas que iban a Italia». Una empresa del municipio Iribarren también está participando.
En teoría, cinco de las 22 empresas «tienen permiso de aprovechamiento forestal» por parte del Ministerio de Ecosocialismo; eso implica «que deberían tener una plantación y hacer de ella un manejo agroecológico, con el aprovechamiento de árboles muertos y un vivero», explica Cañizález. Esa es la teoría. «En la práctica, las personas que conocen el negocio informan que esas cinco fincas están intactas, y son una especie de mampara para ocultar que realmente están comprando del bosque natural». Incluso, «hay reportes de afectación del Parque Nacional Cerro Saroche para la extracción de carbón».
El semiárido larense no es un "peladero de chivos" sino un ecosistema muy frágil que se ha visto afectado por la explotación de carbón para uso nacional y exportación, advierten los ambientalistas Francisco Cañizález y Elías Perozo, de Iniciativa Cotoperiz https://t.co/1Sdl6h3N5t pic.twitter.com/YKwcaFVzec
— contrapunto.com (@contrapuntovzla) June 8, 2024
Las investigaciones que han emprendido les confirman la comisión de presuntos delitos ambientales. Un ilícito, aclara Perozo, es que se están tomando árboles del bosque y no de las supuestas plantaciones que debían ser aprovechadas con un criterio sustentable de manejo. Con este criterio, alerta, se están vulnerando especies como vera, curarí y cují. Según la Ley de Bosques tanto los bosques naturales como los plantados, al igual que los árboles, son considerados patrimonio forestal del país. La norma afirma que hasta el aprovechamiento de árboles caídos es una actividad bajo control del Estado.
En este caso «están explotando el bosque natural», insiste el ambientalista. Otra acción irregular es que las empresas que tienen concesiones «las tienen para poda, o para especies que se hayan muerto naturalmente, pero en realidad están talando».
«La motosierra llega hasta el corazón del árbol. Eso no vuelve a retoñar. Es un ecocidio total lo que están cometiendo», lamenta Cañizález. «Para producir una tonelada de carbón hacen falta cinco toneladas de madera; imaginémonos lo que está sucediendo».
Citan un estudio de acuerdo con el cual en 1989 «el semiárido larense tenía más de 10 mil kilómetros cuadrados, y en 2019 tenía poco más de 6 mil kilómetros cuadrados». Menos tierras de semiárido son, visto de otra manera, puñaladas para especies en peligro de extinción, como la cotorra de cabeza amarilla y el cardenalito. Un impacto sobre las abejas y reptiles. «Eso es una cadena», advierte Perozo.
«¿Con mi carbón no te metas»?
La Iniciativa Cotoperiz comenzó a investigar lo que sucedía. Sus integrantes se encontraron, en el campo, con el rumor sobre la presunta participación de militares y extranjeros en esta actividad. Comenzaron a reunirse, a acopiar documentos, a buscar más información.
Personal del Minec, tal como les han comentado extraoficialmente, han levantado 26 actas, de las cuales solamente tres pasaron al Ministerio Público; tampoco los han dejado pasar a la aduana. Los defensores del ambiente han podido certificar que ninguna de las cinco empresas con permiso de aprovechamiento forestal están cumpliendo con lo que les corresponde. Les inquieta lo que sucede con las guías de traslado de material forestal, que califican como laxas y permisivas; y asumen que la supervisión no se está cumpliendo. «Parece haber una línea que dice ‘con mi carbón no te metas’. Es lo que vemos».
Se han reunido, han cantado para protestar, han llevado documentos a varios organismos del Estado, han formulado peticiones públicas a las autoridades. «Sí ha habido procedimientos por parte del Minec, con esas particularidades de que reciben presiones y amenazas», señala Perozo. El personal de guardaparques debe resolver, incluso, la gasolina para los traslados, y solicitar apoyo de las comunidades para atender contingencias. «Trabajan con las uñas».
En marzo de este año Iniciativa Cotoperiz formalizó la denuncia ante la fiscalía 23 de Lara. «Estamos solicitando medidas cautelares. El punto fundamental es la revocatoria de permisos para paralizar la explotación de carbón», adelanta Cañizález. Demandan, igualmente, un plan de restauración con las comunidades, así como proyectos productivos. Como no ha habido respuesta, regresaron a la Fiscalía para pedir que se pronuncie.
Una carta pública del Movimiento Ecológico Cerro Saroche al fiscal Tarek William Saab, en septiembre de 2023, da cuenta de 11 denuncias formuladas ante la Fiscalía 23 de Lara. Dos expedientes «fueron asignados al fiscal 87 con competencia nacional, y se encuentran radicados en Caracas», registra la misiva. «En la coordinación del Minec ubicada en Carora reposan 300 informes presentados por la Guardia Nacional» que no han sodo procesados «porque el personal no cuenta con vehículos para trasladarse a los sitios para verificar las denuncias».
El movimiento propuso a Saab que el Minec determine los linderos, en el terreno, del Parque Nacional Cerro Saroche, porque no se hizo en su momento y la deuda es de más de 30 años. Planteó que se elabore un proyecto para la ampliación del parque y que se elabore el plan de ordenamiento y reglamento de uso. Otra medida clave es la suspensión de permisos otorgados para el aprovechamiento de madera, la recuperación de lo afectado y las acusaciones ante tribunales de los responsables de los delitos cometidos.
