«Hay más pueblos indígenas participando, e incluso la minería ha dividido comunidades porque unos están a favor y otros no. Lo que corresponde ahora es ver de qué manera se busca minimizar a su máxima expresión ese tipo de actividad, creando alternativas más allá de lo represivo», subrayó el líder indígena
José Mejías, coordinador de Fundaredes en Amazonas e integrante del Foro Cívico, tiene su visión sobre la crisis de la minería en el estado y la forma de combatirla. «Sí se puede combatir, pero hay un tema social. Toda esa gente se ha ido para las minas, población indígena también. Blancos criollos que viven en Amazonas y de otras zonas del país igualmente lo han hecho, porque hay un tema económico duro. Se van para allá para buscar la manera de mejorar sus ingresos; ven eso como una solución», explica Mejías en conversación con contrapunto.com días antes del operativo militar que ha implicado la pérdida de vidas.
Considera que el Estado venezolano «tiene que crear unas condiciones de subsistencia, una alternativa a la minería, y creo que eso es parte, también, del acuerdo, del plan que se tiene que dar en el marco de la recuperación de la Amazonía que fue discutida recientemente con los países amazónicos».
En cualquier plan deben participar las comunidades, reitera, y no quedarse solamente en el Yapacana. «Debe estar diseñado para todo el estado». No se conocen los detalles de lo acordado en la cumbre amazónica, cómo se organizará ni cuánto va a costar. «Sabemos que los ocho países están planteando miles de dólares anuales, pero eso implica, también, en qué se van a usar esos recursos».
Cualquier fondo, según su análisis, debe emplearse «para garantizarle a esa gente que salga de allí en buenos términos, sin atropellos, sin violación de derechos humanos». Igualmente se necesitan recursos «para apoyar a las comunidades indígenas en el reforzamiento de su capacitación».
Mejías estima que, como la presencia militar no será permanente, se debe insistir en la concienciación del ambiente y en involucrar a las comunidades en la recuperación de la naturaleza. «Puede ser una forma de susbsistencia en la que se respete la parte ambiental y las comunidades puedan beneficiarse», indica.
-¿Los operativos militares han funcionado? ¿Hay que reformularlos?
-Esos operativos deben ser reformulados, porque tienen nueve meses y los resultados no parecen ser tan satisfactorios, más allá de las detenciones. Lo otro que ha sido bien interesante es la campaña comunicacional del gobierno, a través del Ceofanb, que ha ido mostrando el abandono de esos espacios. Eso crea dudas, porque comunidades de la zona dudan de la efectividad, de que esos resultados sean fiables. Lo que uno critica es que no puede ser selectivo: o salen todos, pero no puede ser que se quede un grupo allá, bajo qué criterio, y otros deban salir».
Si se deja a otros eso puede ocasionar que los que ya han salido «busquen retornar nuevamente, y se mantiene el círculo vicioso».
-¿Necesitamos ayuda internacional?
-Claro. Además del tratado de cooperación amazónica hay países que están directamente involucrados porque son limítrofes, como Colombia y Brasil. Lula ha sido más efectivo que Bolsonaro para combatir la minería de aquel lado, pero eso ha traído que los garimpeiros crucen para este lado. Creo que eso debe ser algo coordinado para que sea efectivo de este lado y del otro lado. Los países limítrofes deben exigir efectividad, más allá de que tengan vinculación ideológica o amistad personal.
-¿Cómo manejarlo?
-Sobre todo, fortalecer la presencia de los cuerpos de seguridad allá, que sea permanente y con más capacidad. Los militares no han terminado en un sitio y ya quieren ir a otro lado.
Fundaredes ha acudido a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público, con el respaldo de otras organizaciones como la plataforma de defensores de la Amazonía, para solicitar «que haya efectividad por parte del Estado». El fenómeno de la minería no es nuevo, pero 30 o 40 años después «sigue el problema, y ¿dónde están las instituciones? Eso es lo que les estamos pidiendo, y haciendo observaciones, aportando elementos y buscando cómo colaborar. Pero eso debe manejarse de manera articulada». Esto forma parte de la contraloría social, destacó.
-¿Pueden volver los pueblos indígenas a la situación antes de la minería?
-Va a ser bien difícil. Bien difícil. Más bien ha ido avanzando, porque no es solo el Yapacana, sino los restantes municipios, e incluso, hasta en la capital ha habido amenazas de minería. Hay más pueblos indígenas participando, e incluso la minería ha dividido comunidades porque unos están a favor y otros no. Lo que corresponde ahora es ver de qué manera se busca minimizar a su máxima expresión ese tipo de actividad, creando alternativas más allá de lo represivo.
-¿Los defensores ambientales corren peligro?
-Claro, porque hay intereses de poder. Hay gente a la que le interesa que se mantenga esta situación. Por eso nos hemos articulado en bloque, aliados con la Iglesia católica y organizaciones nacionales e internacionales. Actuar solos es complicado y difícil.
Formalmente no han sido amenazados, aclara. Tampoco les han ofrecido protección. La situación sigue siendo incierta.
