Órdenes de allanamientos, imputaciones y detenciones que son señaladas por abogados como «poco transparentes» ponen en entredicho las actuaciones de cuerpos de seguridad en la región
El denominado «Caso Camacaro» ha enrarecido el ambiente judicial y de la seguridad en el estado Falcón. Se han presentado denuncias sobre «procedimientos irregulares» que apuntan a lo que ha sido percibido en algunos medios locales como el ensañamiento por parte de funcionarios de la seguridad del Estado en contra de varios ciudadanos.
El afectado en cuestión, entre muchos otros, ha sido identificado como César Camacaro, un empresario de la región quien ha sido señalado por la supuesta comisión de diferentes delitos, pero lo que ha llamado la atención de la opinión pública paraguanera es que ha sido señalada y detenida toda su familia y allegados, en un proceso considerado poco transparente.
La historia comienza cuando Edgar Alexander Bermúdez solicitó -ante el Comando Regional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana de Las Piedras- la inspección de seis embarcaciones para el zarpe a faena en altamar cuando fue detenido por las autoridades por el delito de “usurpación de identidad”.
Se le señaló de haber solicitado la inspección presuntamente con un número de cédula que no le corresponde.
Las embarcaciones fueron retenidas sin que existiera solicitud por parte del Ministerio Público ni autorización de algún tribunal, según lo señalan fuentes vinculadas con el litigio.
Después la Guardia Nacional Bolivariana “solicitó un barrido químico sobre las embarcaciones de donde se reporta una supuesta y débil coloración azul que refiere que en algún momento hubo estupefacientes dentro de las mismas”, señalan las fuentes vinculadas a la investigación.
A partir de este procedimiento le imputan a Bermúdez el delito de tráfico de sustancias estupefacientes en calidad de transporte y los abogados que han revisado el caso alertan sobre la irregularidad que significa que “el procedimiento establecido en la ley para llevar a cabo el barrido químico exige la presencia de al menos dos testigos que certifiquen la transparencia del acto en cuestión”.
Indicaron que en este caso los mismos funcionarios actuantes en la investigación policial son quienes aparecen como testigos de un barrido químico “que fue realizado dos días posteriores a la detención de las embarcaciones hasta este momento existe un detenido por dos delitos de los cuales no se tienen pues no consta en el expediente la cédula que utilizara Bermúdez para configurar la usurpación de identidad, ni se encontró dentro de las embarcaciones ni un solo gramo de algún tipo de sustancia psicotrópica”.
“En el expediente se observan fuertes irregularidades en las actas policiales”, apuntan.
Las fuentes consultadas llaman la atención sobre procedimientos irregulares en este proceso como la detención de un ciudadano octogenario de apellido Thompson, quien aparece como el titular de las embarcaciones.
Al ciudadano en cuestión le fueron allanadas propiedades en Punto Fijo, Valencia y una finca. Al allanar la vivienda de Thompson es detenido justo dos días después de haber sido sometido a una operación en la que le fue amputada una pierna y permanece detenido sin la posibilidad de medida humanitaria por su edad y condición física.
Producto de estos procedimientos se libró una orden de allanamiento a la residencia ubicada en el conjunto residencia terrazas del Club de Golf en Punto Fijo y la detención de César Camacaro a quien se le imputó el delito tráfico ilícito agravado, legitimación de capitales y asociación para delinquir
Los abogados que conocen del caso llaman la atención sobre otros procedimientos que se ordenaron y fueron allanadas las viviendas de sus hermanos, sobrinos y cuñadas, con ordenes de detención para todos por lo que libraron orden de detención contra de César Camacaro hoyos delito tráfico ilícito agravado, legitimación de capitales y asociación para delinquir en grado de coautoría.
También se llama la atención sobre la actuación del tribunal de la causa que asume la precalificación de los delitos de tráfico de drogas para los integrantes de la familia “sin tener una sola prueba que los conecte a la comisión de tal hecho punible”.
Asimismo fue citada en calidad de testigo la pareja de Camacaro, Daniela Alejandra Monasterios Villavicencio quien se presentó por voluntad propia “confiando en la presunción de inocencia que prevé la Constitución a sabiendas de que no existe ningún elemento que la relacione a la comisión de delito alguno”.
Monasterios fue interrogada y detenida en este mismo acto por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Los abogados señalan que este “procedimiento incumple con la legislación venezolana con la presunción de la inocencia establecida en la Constitución y que evidencia la manipulación realizada por las fuerzas del orden en contra de quienes guardan algún tipo de relación con César Camacaro”.
El caso está en desarrollo y enciende las alarmas sobre la posibilidad de que se trate de una retaliación en contra de un ciudadano por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
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