En el marco de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los activistas sociales y los especialistas en la materia jurídica se pronuncian
“Esta nueva propuesta no garantiza la designación plural de los jueces y magistrados del Tribunal Supremo, ni se legitima la autonomía del Poder Judicial que tanto demanda la nación”, así lo denunció la abogada y activista social Zenaida Tahhan.
La Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quedó reformada al ser aprobada en segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN), este nuevo marco redujo la cantidad de magistrados a elegir de 32 a 20, rescatando de esta forma el Comité de Postulaciones para los concursos de oposición.
La activista social Tahhan, ante el nuevo escenario, de la reforma ante la Ley Orgánica de (TSJ), y la nueva postulación para los próximos magistrados propone cuatro puntos para generar un debate proactivo ante la nueva situación jurídica del país.
“Nuestra propuesta surge de la consulta ciudadana y el debate de ideas con el pueblo organizado en los barrios y los sectores más populares, campesinos y obreros del país”, enfatizo la líder social Tahhan.
Sobre la base de esta realidad, la activista social recordó que “con esta nueva modificación, el Comité de Postulaciones constará de 21 integrantes, 11 diputados y 10 personas de la sociedad civil que tendrán la responsabilidad de revisar las credenciales de los nuevos concursantes para ejercer cargos en el Poder Judicial”.
Propuestas para el debate ciudadano
Según la abogada Tahhan, esta propuesta la podemos enumerar de la siguiente forma: “1. Transformación de la infraestructura judicial de la nación, para así crear las condiciones óptimas de una administración de justicia cónsono con las demandas del pueblo venezolano”.
Como punto dos propone «impulsar la modernización del proceso judicial, para que de esta forma dejen de existir los retardos procesales y la burocracia instaurada en el Poder Judicial del país”.
Sobre la base de esta realidad, la activista Tahhan también manifestó que como tercer punto «establecer una contraloría, sobre la base del ejercicio efectivo de la administración de justicia, estableciendo resultado cualitativo y cuantitativo en la dinámica judicial de la nación”.
Para finalizar sugiere la actualización del Código de Procedimiento Civil, «todo esto ajustado a nuestro orden constitucional y para también motivar el rescate de la figura de los concursos de oposición, para así generar y motivar la participación ciudadana de este tipo de concursos”.
