Este lunes 16 de marzo, desde los espacios de la Federación de Centros Universitarios (FCU) en la Universidad Central de Venezuela, el exdiputado y ex preso político Williams Dávila alzó su voz para denunciar las irregularidades, retrasos y la discrecionalidad en la aplicación de la Ley de Amnistía.
Acompañado por estudiantes y otros dirigentes que sufrieron el encarcelamiento, Dávila inició su intervención celebrando la posibilidad de hablar nuevamente en libertad tras un largo período de silencio forzado: “Después de 550 días estamos aquí ejerciendo un derecho que nunca pudo haber sido conculcado, que es el de expresarnos en libertad plena hacia todo el país”.
A pesar de haber sido beneficiado con un sobreseimiento, el parlamentario advirtió que su caso no es la norma y que persiste una preocupante «selectividad» en los tribunales. Denunció que se le ha negado la amnistía a periodistas como Nakarí Ramos, a dirigentes académicos, sociales y sindicales, así como al abogado Perkins Rocha.
“La ley dice que es de orden público, que es de interés general. En consecuencia, es de aplicación automática. Tiene que ponerse en práctica de oficio y no esperar los trámites muchas veces de jueces que fueron nuestros verdugos”.
Dávila cuestionó la lógica detrás de la normativa actual, señalando que parte de un «falso supuesto» al tratar a los presos políticos como delincuentes. “Nosotros no cometimos ningún delito (…) no tenemos que implorar perdón”, afirmó, al tiempo que lamentó que la ley no contemple el derecho de reparación para las víctimas.
El dirigente alertó sobre una situación «sumamente grave»: los traslados ocultos de detenidos entre centros de reclusión sin el conocimiento de sus familiares ni de los propios presos. Asimismo, visibilizó el drama económico de las familias del interior del país que deben trasladarse a Caracas ante la falta de unidades de recepción de documentos en las regiones.
Transparencia
Sobre las cifras oficiales que hablan de miles de beneficiados, Dávila fue enfático en pedir transparencia: “Yo quisiera plantearle a la comisión que se traslade al Palacio de Justicia, que hable con los familiares y vean la realidad de las cosas (…) que publiquen la lista”. Según sus datos, aún permanecen más de 500 personas presas por motivos políticos.
Otro punto de exigencia fue la devolución inmediata de bienes muebles e inmuebles incautados durante los procesos judiciales. “La devolución total de los bienes (…) no es ninguna reparación. Eso es respeto a la propiedad privada. Nosotros exigimos la devolución ya”, sentenció, mencionando que en su caso particular aún debe esperar una decisión judicial para recuperar su vehículo.
Finalmente, el exdiputado destacó que la lucha por la democracia no es una cuestión de parcelas partidistas, sino un sentimiento humano nacido del sufrimiento compartido en las celdas.
“En la cárcel no hay fronteras interpartidarias. Lo que hay es fraternidad. Para nosotros no hay diferencia de colores políticos; lo que ha habido es un dolor compartido, una nostalgia por el tiempo que nos quitaron de libertad y de estar con nuestras familias”.
Dávila concluyó ratificando su compromiso de acompañar a los movimientos sociales y a los familiares de quienes siguen tras las rejas, asegurando que la impunidad no tendrá cabida en el futuro del país y que la reconciliación verdadera pasa por una justicia transicional que garantice la verdad y la no repetición.
