La ONG Súmate instó este lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE) a evitar que para la repetición de los comicios regionales del próximo 9 de enero en Barinas, cuna de Hugo Chávez, el Ejecutivo use recursos estatales para movilizar votantes para que otorguen su sufragio al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cuyo candidato será Jorge Arreaza
«El CNE debe actuar con el fin de evitar que en elecciones de gobernador de Barinas del 9 de enero de 2022, los gobiernos nacional y de esa entidad estadal utilicen los recursos del Estado para movilizar a los electores a votar por el PSUV, como ocurrió en elecciones del 21 de noviembre», escribió la organización en Twitter.
Las elecciones se repetirán en Barinas por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que tomó la decisión, tras una semana de polémico recuento de votos que daba por ganador de los comicios del 21 de noviembre al opositor Freddy Superlano, por un estrecho margen (130 votos) sobre el oficialista, Argenis Chávez, hermano del fallecido presidente. Por cierto que Argenis Chávez, sin dar explicaciones, renunció al cargo de gobernador y manifestó no querer participar en las elecciones que ordenara el TSJ.
El pasado 29 de noviembre, el TSJ hizo pública su decisión tras recibir -aseguró- una acción de amparo constitucional interpuesta por Adolfo Superlano (sin relación familiar con Freddy Superlano), considerado disidente de la oposición, alegando una violación de derechos constitucionales, entre otras cosas, porque el vencedor de los comicios se postuló como aspirante pese a estar inhabilitado.
Según Súmate, en esos comicios «se pudo observar que en el 20 % de los centros electorales el Gobierno utilizó recursos del Estado para movilizar a simpatizantes del PSUV», mientras que «en el 38,2 %» de los espacios de votación «se advirtió el uso de programas de alimentación como instrumento para presionar a los electores e incidir sobre su voto».
La ONG agregó que, además, en «el 10 % de los centros, se constató la presencia de grupos violentos o armados» y en «el 28,7 % de los centros observados, hubo amenazas sobre los votantes por parte de militantes del PSUV».
Asimismo, denunció que también «se advirtió el uso del carnet de la patria, un carnet que permite acceder a programas sociales como instrumento para controlar el flujo de electores en el 22,5 % de los centros electorales», y en el 33,3 %, «se constató la presencia de propaganda electoral, una práctica ilegal, según las normas».
Súmate recordó que el CNE está «obligado a garantizar el ejercicio libre del voto, como lo exige el artículo 63 de la Constitución» y llamó al ente a «evitar que se repitan, en elección sobrevenida de gobernador en Barinas del 9 enero de 2022, las acciones de coacción e intimidación que ocurrieron en elecciones del 21 de noviembre».
EFE
