Relaciones entre EEUU y Venezuela están unidas por un resorte que se estira y encoge

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“Bipolar” ha sido una de las definiciones que Nicolás Maduro le ha dado a la política exterior de los Estados Unidos frente a su Gobierno, dado que se debate entre la flexibilización de la “máxima presión” y la flexibilización de sanciones.

«Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará de la justicia y responderá por sus atroces crímenes», dijo la Fiscal General de los Estados Unidos en el mismo mensaje en el que anunció que se duplica la recompensa “por la cabeza” de Maduro.

Las decisiones que se dan de cara a Venezuela en el Gobierno de Trump se dice que están marcadas por un debate interno entre los pragmáticos y los que calculan los costos políticos.

Esto parece estar encarnados en dos figuras: Marco Rubio, secretario de Estado y Richard Grenell, enviado especial del presidente para Misiones Especiales de Estados Unidos.

Mientras uno habla de Maduro y su gabinete como una banda de delincuentes, el otro mantiene una línea de diálogo abierta que ha generado negociaciones.

Lo negociado

La más reciente negociación admitida implicó la liberación de 10 estadounidenses que estaban presos en Venezuela y la repatriación desde El Salvador de más de 250 venezolanos expulsados desde los Estados Unidos.

En medio de esta operación el Gobierno de Nicolás Maduro decidió excarcelar a alrededor de 80 presos políticos, sin embargo, el ministro de Interior Justicia y Paz, negó que esto hubiese sido negociado con los Estados Unidos.

Entre las excarcelaciones destacan el dirigente opositor Williams Dávila y el exministro de Finanzas de Chávez, el economista Rodrigo Cabezas, entre otros nombres de políticos que han declarado su cuestionamiento a Miraflores.

Además de lo que parece un canje de prisioneros, los Estados Unidos anunciaron la flexibilización de las limitaciones impuestas a Chevron para sus operaciones en Venezuela.

Se acordó una licencia privada sobre la que desconocen las especificidades, pero implicará que los recursos que dejarían de percibirse por la ausencia de Chevron, ahora se materializarán como ingresos en la caja de la administración Maduro.

“Venezuela es una economía con licencias y otro sin licencias”, ha señalado el economista y profesor universitario Luis Oliveros.

Según sus proyecciones el regreso de Chevron implicarían alrededor de 4.000 millones de dólares, lo que daría un margen de maniobra al Ejecutivo y aliviaría presiones sobre el tipo de cambio y por ende sobre la inflación.

Otra vez  

Pero justo cuando la agencia de noticias Reuters daba cuenta del tránsito hacia Venezuela de tanqueros que trabajan para Chevron, surge la declaración de la fiscal Bondi y se reactiva la acusación sobre el presunto “Cartel de los soles”.

Bondi aseguro que Maduro usa «organizaciones terroristas extranjeras como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para traer drogas mortales y violencia a nuestro país».  

«Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares», dijo Pamela Bondi a contramano de lo que parecía un clima de negociación.

Esta nueva señal revive las dudas de los agentes económicos para establecer negocios con Venezuela y se reactiva el sobre cumplimiento (over compliance) complica incluso los acuerdos con entes privados criollos.

En su discurso desafiante Maduro ha dicho que «frente a una política bipolar, hay que actuar como actuamos nosotros, con la diplomacia bolivariana de paz, con serenidad, nervios de acero y trabajar en lo que creemos, porque nosotros no tenemos que depender de nadie».

Por su parte Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea nacional y el negociador del Gobierno nacional ante los Estados Unidos, dijo este lunes 11 de agosto, al cierre de la Marcha Antiimperialista, que “las amenazas” que reciben desde los Estados Unidos “están reñidas con el derecho internacional”.

Finalmente, las relaciones entre Estados Unidos parecen estar conectadas a un resorte que se estira y se encoge según las necesidades de la política interna estadounidense y las luchas de poder en el gabinete de Donald Trump.

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