En la propuesta se contempla la prohibición expresa del uso de recursos, instituciones y medios públicos para la difusión de propaganda electoral
El rector Enrique Márquez presentó al directorio del Consejo Nacional Electoral (CNE), la propuesta de «Directrices vinculantes en materia de propaganda electoral anticipada».
Márquez explicó que el anteproyecto, que incluye 13 directrices, busca “llenar un vacío reglamentario en cuanto a las actividades políticas y electorales previas a la campaña electoral”.
Para el rector Márquez, la iniciativa es muy importante en momentos en que un proceso electoral se desarrolla paralelamente a un diálogo con miras al entendimiento nacional.
“El CNE debe vigilar el cumplimiento de las leyes electorales en cada una de las etapas del proceso y no solo en la campaña formal. Una vez presentados los candidatos ante el CNE, el 29 de agosto, empieza el desarrollo de un planteamiento político por parte de cada uno de los actores. De allí la importancia de la aprobación consensuada de estas directrices, para que puedan ser aplicadas en el lapso que empieza después de las postulaciones”.
La resolución contempla, entre otros aspectos, que “todas las actividades de carácter público, así como la difusión de mensajes, imágenes, grabaciones, entre otras, por parte de precandidatos, candidatos, partidos políticos, militantes, electores, comunidades y organizaciones indígenas para promover y captar votos a su favor o a favor de determinada parcialidad política, deben ceñirse estrictamente al tiempo de campaña establecido en el cronograma”.
Asimismo, indicó el rector Márquez, “toda propaganda de campaña anticipada debe ser penalizada por el CNE y para eso debe aprobarse el conjunto de normas establecidas en el documento presentado”.
Márquez señaló que el pasado sábado Nicolás Maduro, participó en la “reunión con candidatos y candidatas del PSUV”, y en el evento transmitido por Venezolana de Televisión, el canal del Estado, manifestó su apoyo expreso a las candidaturas de ese partido.
“Entendemos que el mandatario tiene una dualidad: es presidente y a la vez es líder de esa organización. La Constitución no le impide tal dualidad; lo que sí le impide es que, como jefe del Ejecutivo nacional, promueva candidaturas. Los funcionarios públicos están al servicio del Estado, no de una parcialidad política. Aquí hay una abierta violación a la Constitución y las leyes”.
Aseguró que “este tipo de situaciones, que estamos obligados a denunciar y corregir, demanda establecer directrices para normar las actividades políticas y candidaturales que se realicen previo al inicio de la campaña electoral, así como durante la misma campaña. Así se evitará que los recursos que el Estado otorga a los funcionarios públicos sean usados en beneficio de alguna parcialidad política”.
En la propuesta se contempla la prohibición expresa del uso de recursos, instituciones y medios públicos para la difusión de propaganda electoral. La prohibición se extiende a los procesos internos de selección de candidatos en organizaciones con fines políticos.
Una de las directrices planteadas por Márquez se refiere a la obligación de los medios de comunicación privados y los que integran la red de medios públicos en cuanto al cumplimiento de los “principios constitucionales de la paz, democracia, responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, y la imperativa atención a los estándares de la información plural, oportuna, veraz e imparcial”. En tal sentido, la normativa en cuestión “evitará favorecer o perjudicar a alguna candidatura o partido político, y procurará mantener un justo equilibrio en la programación y cobertura mediática de la campaña”.
