La relación del Gobierno venezolano con la Organización Internacional del Trabajo se ha tornado tortuosa en los últimos tiempos. Trabajadores presos, empresarios amenazados, falta de discusión de las condiciones del trabajo incluyendo la determinación del salario mínimo por consenso entre los actores del mundo laboral son reclamos que el ente multilateral exige sean resueltos
El salario mínimo venezolano ronda los 30 dólares mensuales, lo que lo coloca en un promedio de 1 dólar diario. Esto hace que todos los trabajadores que devenguen exclusivamente la remuneración mínima se ubiquen en la categoría de “pobreza extrema”, según las estimaciones del Banco Mundial.
La determinación del salario mínimo en el país es uno de los temas pendientes que tiene el Gobierno venezolano con las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que llegó a Venezuela con la finalidad de estimular el “diálogo social” y exigir el cumplimiento de las recomendaciones que ha hecho a la administración Maduro.
La posibilidad de que una parte importante de los actores políticos y económicos del país puedan iniciar un camino de encuentro para conseguir soluciones a la crisis multidimensional que vive el país, se abre este 25 de abril de 2022 cuando se inicia formalmente la visita a Venezuela de una delegación de “altísimo” nivel de la OIT.
Luego de numerosos desencuentros con el Gobierno de Nicolás Maduro, que terminó con el envío por parte de este organismo multilateral de su máxima figura encargada de investigar las violaciones a las condiciones de trabajo en un país (Comisión de Encuestas), el ente multilateral llega al país para reunirse con el Gobierno, empresarios y trabajadores.
Hasta el momento, el Gobierno de Nicolás Maduro no ha accedido de manera formal a asumir las recomendaciones exigidas por el diagnóstico que arrojó la investigación de la Comisión de Encuesta.
El Gobierno presenta un retraso significativo en los plazos exigidos por la máxima entidad que rige las relaciones laborales en el planeta. Las recomendaciones señalaban que la lista de exigencias debía cumplirse antes del 1 de septiembre de 2020.
El informe mencionado establece que: “En cuanto a los plazos para la puesta en práctica de las recomendaciones enunciadas a continuación, habiendo observado con suma preocupación la ausencia de seguimiento dado a las recomendaciones previas de los órganos de control de la OIT sobre las cuestiones planteadas, así como la gravedad de la situación actual, la Comisión considera que las autoridades concernidas deberán dar aplicación a estas recomendaciones sin más demora y completar su cumplimiento a más tardar el 1.º de septiembre de 2020”.
¿Por qué se investiga a Venezuela?
En 2015, los delegados de los empleadores venezolanos acreditados ante la OIT presentaron una queja formal por la presunta violación de los derechos de los gremios empresariales y de los trabajadores en la determinación de las condiciones de trabajo.
Este proceso fue trabajado a nivel del Consejo de Administración de OIT (máximo órgano ejecutivo de la organización) que determinó después de su estudio enviar la Comisión de Encuesta, tras una fallida visita a Venezuela de una delegación del ente multilateral por falta de acuerdo con el Gobierno en la determinación de la agenda.
El centro de la “queja” presentada a las máximas instancias se vincula con las violaciones a los métodos para la fijación de salarios mínimos, a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación y a la consulta tripartita.
También el informe de la Comisión de Encuesta hace referencia a denuncias de “actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores FEDECAMARAS, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social. Los querellantes agregaron que estos problemas afectaban también a las organizaciones de trabajadores no afines al Gobierno”.
¿Qué encontraron?
La Comisión de Encuesta visitó el país y según reza en su informe “tuvo la oportunidad de examinar en detalle” las denuncias presentadas ante la OIT y recopilaron “abundante documentación, testimonios orales y pruebas, que denuncian la existencia en la República Bolivariana de Venezuela de un ambiente de hostilidad, injerencia y exclusión del diálogo social a organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno y a sus dirigentes y afiliados”.
Entre las denuncias destacaban la hostilidad y “acoso verbal”. También sostuvieron encuentros con activistas sociales y sindicalistas que expusieron sus testimonios sobre persecución “asesinatos y actos de agresión física a dirigentes sindicales, sindicalistas y representantes del sector empleador, así como daños materiales a sedes de sus organizaciones”.
También se hizo hincapié en la injerencia del Estado sobre los asuntos de los gremios que agrupan a los trabajadores y el favoritismo que manifiesta el Gobierno por las organizaciones que le son afines.
Por su parte, el Gobierno negó estas acusaciones y aseguró “existía plena libertad sindical en el país; que se consultaban tripartitamente las cuestiones relativas a los Convenios núms. 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos)”.
Con respecto a las persecuciones y asesinatos se los endilgó a “la delincuencia común o estaban motivados en pugnas intersindicales y provenían de grupos violentos ajenos al Gobierno”.
Asimismo, dijo que los actos en contra de Fedecámaras podrían estar vinculados a acciones del partido Gobierno, el PSUV o de la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, lo que estaba fuera de la política estatal.
La respuesta de la Comisión de Encuesta fue la siguiente: “Luego de un examen minucioso del material recogido durante su investigación, la Comisión constató la existencia en el país de un conjunto de situaciones y prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los Convenios objeto de la queja, y 168 en las que, por acción u omisión, están implicados múltiples agentes estatales. A juicio de la Comisión éstas prácticas y situaciones, que se detallan a continuación, se insertan en un entramado que retrae el libre desarrollo de actividades sindicales y gremiales, así como la realización de consultas tripartitas efectivas y en definitiva el funcionamiento de un diálogo social genuino en los términos preconizados por las normas de la OIT”.
Asimismo, señaló la existencia de “un complejo entramado que ha venido socavando la acción de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines al Gobierno. Su comprensión y tratamiento debe igualmente encuadrarse en el contexto económico, político y social del país, sin olvidar dinámicas históricas de clientelismo, politización de las relaciones laborales y preeminencia gubernamental en las relaciones tripartitas”.
Lo pendiente
La delegación que este lunes comienza su encuentro oficial con el Gobierno llega con la tarea de reunirse con todos los factores que hacen vida en el mundo laboral y conocer las condiciones en que se encuentra el país en esa materia.
Entre las exigencias hechas en el informe presentado el 17 de diciembre de 2019, en Ginebra, se hizo alusión específica a los casos de los sindicalistas Rubén González y Rodney Álvarez.
Este último fue excarcelado con una medida sustitutiva el 15 de abril pasado, después de 11 años preso sin que se pudiera demostrar su culpabilidad en los hechos que se le imputaron.
La Comisión de Encuesta exigió al Gobierno de Nicolás Maduro “la necesidad de asegurar las condiciones indispensables y normas básicas para un diálogo social con todas las garantías, efectividad e impacto real. Ello incluye: la ausencia de toda forma de violencia, agresión, hostigamiento o intimidación, el respeto de la independencia y autonomía de las organizaciones de empleadores y trabajadores, el reconocimiento de los interlocutores representativos, el respeto mutuo, incluido el tono del debate, la definición consensuada de formas y tiempos que permitan una participación y discusión verdadera y constructiva, la buena fe y la generación de confianza, y el compromiso genuino de cumplir con los acuerdos concluidos”.
Con respecto a la necesidad del reconocimiento de los actores del mundo laboral el informe es señala de manera específica que “la aplicación de estas recomendaciones no puede obviar los factores económicos, políticos y sociales que conforman el contexto nacional de las relaciones de trabajo, como históricamente las tendencias al clientelismo y al predominio gubernamental en las relaciones tripartitas, que ya destacaron pasados informes de la OIT. Si bien la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones internacionales incumbe al Estado, representado por el Gobierno, son múltiples los actores nacionales concernidos. Las recomendaciones se orientan a sentar las bases de un diálogo que sea capaz de catalizar la participación de todos los mandantes tripartitos”.
El encuentro comienza esta tarde y asisten todos los jugadores del tablero del universo laboral en el que se incluyen los sindicatos independientes, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Fedecámaras, Fedeindustria y otras organizaciones empresariales. El Gobierno estará representado por el Ministro del Trabajo y su equipo.
¿Podrán abrirse puertas reales a un diálogo social?
¿Podrá avanzarse hacia un reconocimiento de los actores de mayor representatividad en el mundo del trabajo que hacen vida en la Venezuela de hoy?
¿Se abrirá un espacio para retomar el diálogo tripartito en Venezuela como lo exigen los convenios refrendados por la República Bolivariana de Venezuela ante OIT?
No tenemos bolas de cristal para el resultado de este encuentro que terminará el miércoles, solo andamos con los pies planos, pisando tierra, y haciendo seguimiento a la coyuntura que vive el país.
El juego sigue.
