La actual propuesta legislativa de amnistía que se discute en el Parlamento no abarca a plenitud la libertad de la totalidad de los presos políticos en el país, según advirtió Marino Alvarado, coordinador de visibilidad de la organización Provea, durante un encuentro con familiares de detenidos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Desde la perspectiva de los defensores de derechos humanos, la urgencia no reside únicamente en el acto legislativo, sino en el alcance del mismo. Alvarado enfatizó que la exigencia de la sociedad civil y las familias es clara: «No se trata de aprobar una ley de amnistía, se trata de aprobar una buena ley de amnistía en la cual la totalidad de los presos políticos del país puedan salir en libertad».
La preocupación central de las organizaciones de derechos humanos y sus familiares radica en la redacción actual del proyecto, específicamente en lo aprobado hasta el momento. Según los análisis técnicos hechos por los activistas, el texto vigente no garantiza una solución definitiva para quienes ya han abandonado los centros de reclusión ni para sectores específicos de la población penal.
«Tal como fue aprobado el artículo 6 de la ley, es excluyente. No abarca ni a militares, no abarca a muchos presos políticos», señaló Alvarado. El activista estimó que, de mantenerse estas condiciones, más de 300 personas permanecerían bajo custodia del Estado, mientras que otros ciudadanos ya excarcelados quedarían en un limbo jurídico: «Muchos no tendrían libertad plena, tendrían que seguirse presentando en tribunales. Es una ley que no sirve para generar convivencia y paz; se requiere una ley muy amplia».
El llamado por los militares y la huelga de hambre
Uno de los puntos críticos señalados es la situación de los uniformados. La propuesta de Provea y los familiares es que la Asamblea Nacional utilice su facultad para rediscutir el artículo 6 e incorporar en el artículo 7, de manera expresa, la libertad de los más de 150 militares considerados presos políticos.
Asimismo, Alvarado se refirió a la situación crítica de un grupo de mujeres que han cumplido cuatro días en huelga (hasta el 18 de febrero) de hambre en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB-Boleita). Ante esta medida de presión, el coordinador de Provea exhortó directamente a la directiva del Legislativo.
«Exhorto al presidente de la Asamblea Nacional (Jorge Rodríguez) que se acerque nuevamente a la Zona 7, converse con las madres que están ahí, pero sobre todo que se cumpla la promesa que se hizo», afirmó. Alvarado reiteró que la liberación de estas personas es, en última instancia, una «decisión política» que puede ejecutarse de forma inmediata sin necesidad de esperar los lapsos administrativos de la Gaceta Oficial.
