Un «exceso de exclusiones» es la principal observación que hace el Programa Venezolano de Educación Acción en derechos Humanos (Provea) a la recién promulgada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Oscar Murillo, coordinador general de Provea, señaló vía sus redes sociales que mientras esperan «el texto definitivo» de ley hacen la advertencia de sobre lo que consideran «un injustificable exceso de exclusiones, que no la exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales».
«Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza», indicó el activista.
Indica que desde Provea formularon propuestas que «lamentablemente, no fueron incorporadas» entre las que se cuenta la inclusión de «disposiciones para dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General de la República, por ser contrarias al Derecho Humano de participación política».
Por otra parte, señala que «recomendamos incluir garantías de retorno seguro y sin persecución para quienes se encuentren en el exterior, incluyendo la restitución de la validez de pasaportes y la prohibición de alertas migratorias».
«Planteamos incorporar la restitución de bienes incautados y el levantamiento inmediato de las prohibiciones de enajenar y gravar. Asimismo, establecer la reincorporación a sus puestos de trabajo para quienes fueron despedidos por los hechos objeto de la amnistía», indica el activista por los derechos humanos.
Más adelante advierte que «la lista de acontecimientos abarcados debía ser meramente enunciativa, no taxativa, e incluir hechos de confrontación política ocurridos en años obviados en el listado».
«Acá se cometió un grave error. Antes y ahora con esta Ley de Amnistía, vamos a seguir exigiendo la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas tiene que darse. Es una exigencia de justicia», señala Murillo.
Cierra su publicación en la red social X indicando que «deben abordarse con carácter de urgencia temas como la derogación o declaratoria de nulidad de leyes o normas utilizadas para la criminalización».
