En el proyecto aprobado en primera discusión se incluye «un registro más para las organizaciones» y se establecen conceptos «que pueden profundizar una línea de criminalización de la actuación de las organizaciones en cuanto al manejo de recursos, en cuanto al intercambio de relaciones con elementos de la cooperación internacional», cuestiona Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia. Si se aprueba tal como está redactada en este momento «significaría colocarnos a muchas al margen de la ilegalidad», señala Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea
El Estado venezolano y las organizaciones no gubernamentales son, desde hace 20 años, como un matrimonio mal avenido que igual tiene que soportarse. Varias leyes e instrumentos legales han ido constriñendo la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, y -como ya lo alertan las ONG- el proyecto de ley de cooperación internacional se convierte en una vuelta más en ese lazo al cuello.
Aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), el proyecto tiene 24 artículos y ha generado reacciones en contra de organizaciones de amplia trayectoria en Venezuela, como Provea y Sinergia.
La Ley de Cooperación Internacional es la amenaza más grave en este momento «porque si se aprueba tal como está redactada en este momento, eso significaría colocarnos a muchas al margen de la ilegalidad», señala Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea. Insiste en que las normas venezolanas son suficientes y en que esta ley es «arbitraria y no tiene ninguna justificación».
El Estado venezolano «ha mantenido una política de no reconocimiento, de censura, de criminalización del trabajo y la acción de las organizaciones cívicas, organizaciones que tienen una actuación autónoma, independiente del Estado y que trabajan en la defensa de derechos y en la búsqueda de asegurar que la ciudadanía pueda ejercer sus libertades, sus derechos», apunta Deborah Van Berkel, presidenta de Sinergia.
En el país ya hay un marco regulatorio que amenaza con castigar a las organizaciones, advierte Van Berkel, y hace referencia a leyes como la ley de defensa de la soberanía, la ley contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo y la ley contra el odio. «Son instrumentos legales que, desde 2010 en adelante, están vigentes en el país. Esto se ha evidenciado en allanamientos e intentos de detención de integrantes de organizaciones como Acción Solidaria, Convite, Alimenta la Solidaridad, Caracas mi Convive», enumera.
Se ha hostigado a Prepara Familia, se actuó contra Azul Positivo y se mantiene detenido al coordinador de Fundaredes, Javier Tarazona, recuerda. Estas son «situaciones concretas que nos expresan esa política, y últimamente lo que se planteó el año pasado con las providencias 001 y 002, que plantean un seguimiento a las organizaciones por la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo: todas las organizaciones están bajo esa lupa».
No solo se niega el acceso a información pública, sino que se desconoce la interlocución que no provenga de organizaciones como consejos comunales. «El entramado del Estado comunal le da reconocimiento solo a las organizaciones que son parte de esa estructura y no reconoce el esfuerzo, el trabajo de la iniciativa autónoma de una gran cantidad de organizaciones, del tejido social organizativo que existe en el país y que no responde a esta línea que desde el Estado se ha implantado».
A este «marco normativo que establece limitaciones y amenazas y acciones realizadas contra organizaciones y el trabajo que realizan», asevera Van Berkel, ahora se suma el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que -según el documento que ha circulado- «establece condiciones en la misma línea y crea la posibilidad de un mayor cerco y una mayor limitación a las ya establecidas».
En un comunicado, 89 organizaciones manifestaron su preocupación porque «haya sectores interesados en crear una matriz de opinión que pretende generar dudas y sospechas sobre la actuación de las organizaciones diversas de la sociedad civil y como parte de ellas, las ONG de derechos humanos y de desarrollo social».
Estos son algunos de los artículos más polémicos:
Registro. El artículo 17 crea «el Sistema Integrado de Registro de organizaciones no gubernamentales como parte integrante del órgano desconcentrado para la cooperación internacional. Las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, que cumplan con los requisitos y formalidades establecidas para su constitución por sus respectivos ordenamientos jurídicos, deberán inscribirse en el Registro que al efecto establezca el Reglamento de esta Ley».
El artículo 18 establece que «la inscripción de las organizaciones no gubernamentales en el Registro previsto en esta Ley es obligatoria y constituye una condición indispensable para ser reconocidas por el Estado venezolano como entes susceptibles de realizar actividades de cooperación con sus homólogos en otros países, así como para acceder a los incentivos fiscales contemplados en las leyes que regulan la materia impositiva y tributaria».
Se incluye «un registro más para las organizaciones» y se establecen conceptos «que pueden profundizar una línea de criminalización de la actuación de las organizaciones en cuanto al manejo de recursos, en cuanto al intercambio de relaciones con elementos de la cooperación internacional», cuestiona Van Berkel.
Creación de un fondo. Según el artículo 11 «se crea el Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional, sin personalidad jurídica y como cuenta especial del órgano desconcentrado para la Cooperación Internacional». El artículo 12 señala que «el Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional tendrá como finalidad financiar, conforme a las prioridades de la política exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional».
Para Rafael Uzcátegui esto es un error. «A escala internacional hay una disputa de los fondos de cooperación porque la crisis en Ucrania está intentando llevar los fondos de la cooperación internacional a atender esa grave situación», explica Uzcátegui. «Si esos cooperantes internacionales ven que las autoridades venezolanas, hay dudas sobre la transparencia de su gestión o el correcto uso de esos fondos, lo que va a traer como consecuencia es que ese dinero se va a ir para otro lado y aquí vamos a salir a perdiendo todos».
Se refiere a la población que recibe alimentos gracias a Cáritas, que se beneficia de educación por Fe y Alegría, que por Acción Solidaria acceden a medicamentos y, con la ley, «ya no van a tener esa mano amiga».
Prohibición de organizaciones. La posibilidad de eliminar organizaciones «es un mal mensaje para la comunidad internacional, que rápidamente lo vincula con lo que está pasando en Nicaragua. Si lo que se quiere es intentar generar mecanismos de cooperación con los organismos internacionales para ayudar en temas de derechos humanos es una muy mala estrategia, porque el mensaje que se está enviando es completamente diferente», expone Uzcátegui.
Auditorías. Según el artículo 23 «las organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como extranjeras, podrán ser auditadas de conformidad con lo establecido en el Reglamento de esta Ley». Como lo señala Uzcátegui, «si la duda es la transparencia hay que recordar que cada vez que recibimos el apoyo de un cooperante, o el propio proyecto, todo tiene auditorías. Muchas de esas auditorías han sido publicadas. Ya hay mecanismos de transparencia. Las organizaciones cumplen con los requisitos del Seniat, pagamos impuestos, muchos de ese dinero pasa por el Banco Central».
Cooperación es solidaridad
La sociedad civil «ha trabajado y trabaja intensamente en la generación de propuestas para todo el país, de iniciativas constructivas, y la cantidad de informes que se hacen» desde distintas organizaciones «ha generado propuestas para apoyar el desarrollo del país», destaca Van Berkel.
Con la ley, reitera, «entendemos que hay un proceso que se está iniciando y esperamos que se abra una dinámica para nosotros poder expresar estas preocupaciones. Esperamos que la ley, tal como está planteada, no sea aprobada, y que, de seguir adelante, cumpla con los estándares internacionales de una ley de cooperación».
Las organizaciones, garantiza, «vamos a seguir con nuestro trabajo, apoyando programas e iniciativas de atención y trabajo con comunidades, con la gente, con mucha de la población venezolana que en estos instantes requiere de mucha solidaridad. Para nosotros cooperación es solidaridad».
