La organización política Primero Justicia (PJ) denunció la agudización de la crisis de servicios básicos en Venezuela, calificándola como una vulneración sistemática de los derechos humanos.
El partido señaló que el colapso del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y de la red de acueductos es el resultado de casi tres décadas de desinversión estructural, corrupción y desprofesionalización del sector.
Occidente: racionamientos de más de 12 horas
Al respecto, el dirigente nacional de la tolda aurinegra Jorge Millán, enfatizó que el esquema de racionamiento de Corpoelec golpea con mayor rigor a los estados Zulia, Táchira, Trujillo, Mérida, Barinas, Falcón y Lara. Al encontrarse en la «cola» del sistema de transmisión, estas regiones sufren cortes diarios que superan las 12 horas.
Aunque misiones técnicas de las empresas General Electric y Siemens evaluaron recientemente las centrales del Bajo Caroní (Guri, Caruachi y Macagua), y plantearon la necesidad de un plan para recuperar la generación y estabilizar el servicio, con énfasis en el estado Zulia, expertos estiman que se requiere una inversión de entre 15.000 y 40.000 millones de dólares en un lapso de hasta 15 años para estabilizar el SEN. Actualmente, de los 36.000 MW de capacidad instalada, menos de 13.000 MW están operativos debido al deterioro de las termoeléctricas.
“Hace más de una semana, venció el plazo de 45 días de la emergencia eléctrica, y el problema, lejos de resolverse, se profundizó originando protestas en varios estados del país cansados de racionamientos absurdos que no se justifican”, explicó Millán.
El representante de PJ también calificó como nefastas las declaraciones emitidas por voceros del régimen que atribuyeron el aumento de la demanda y las fallas al mayor consumo de los hogares —por compra de electrodomésticos— y la reactivación industrial.
Emergencia hídrica en Oriente: 70 días sin agua
Por otra parte, en el oriente del país, la crisis se centra en la parálisis del Sistema Turimiquire tras un sismo el pasado febrero, que ha dejado a más de 200 mil familias de Sucre y Nueva Esparta sin el suministro de agua.
“En Cumaná, nos han dicho, los ciudadanos pagan hasta 10 dólares por un botellón de agua de 5 litros, mientras otros recurren al río Manzanares para recolectar agua no apta para el consumo”, reportó Millán, al calificar la situación como “desesperante”.
Y ante la desidia estatal para resolver este grave problema, organismos como la Cruz Roja, la Unión Europea y la ONU han destinado fondos y recursos de emergencia. Sin embargo, PJ cuestionó la transparencia en la ejecución de esos recursos asignados y exigió conocer el estatus de las obras adelantadas en el túnel de trasvase.
