«Nosotros no vivimos. Nos están exterminando con siete bolívares, que es igual a un dólar cincuenta centavos cada mes. No se vive con eso en ningún país del mundo», afirma el jubilado Carlos Segundo Blanco. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, incluye el exterminio entre los crímenes de lesa humanidad
El pasado 10 de noviembre, Carlos Segundo Blanco salió a protestar en Caracas. Blanco, pensionado del Ministerio de Finanzas, marchó desde La Hoyada hasta la Defensoría del Pueblo para denunciar que la pensión que le pagan no alcanza ni para un paquete de caramelos. «Nosotros no vivimos. Nos están exterminando con siete bolívares, que es igual a un dólar cincuenta centavos cada mes. No se vive con eso en ningún país del mundo», se desahogó.
Los números le dan la razón. La canasta alimentaria se ubicó, en octubre pasado, en 385,37 dólares. Para poder acceder a ella hay que ganar cada día 12,84 dólares. Un pensionado como Blanco, que solamente recibe siete bolívares al mes, se encuentra muy lejos de poder comer.
«Le lanzo este SOS a todo el mundo», manifestó este pensionado de 83 años. Incluso, consideró que llevar un documento a la Defensoría era perder el tiempo. «¿Qué hacen ellos? Cuando damos la espalda, se ríen y lo utilizan para archivarlo y para hacer papel tualé. Eso es lo que hacen con los papelitos».
Después de 33 años de trabajo en el Ministerio este señor de la tercera edad hoy se encuentra sin dinero ni para comer, y con un aguinaldo de 14 bolívares. «Vivo por mis vecinos. Tengo grandes vecinos que me han ayudado. Un día me dan un paquetico de harina, el otro me busca unos plátanos, y así voy sobreviviendo». Relata que sus nietos valen oro y lo ayudan con las medicinas que debe consumir.
Su conclusión es que a los pensionados y jubilados en Venezuela «nos están exterminando» y por eso quiere decirle al mandatario Nicolás Maduro «en su cara ‘nos está matando, este es un exterminio que estás haciendo'».
«Con una pensión tan miserable, de siete bolívares, es imposible adquirir alimentos y medicinas», aseveró Edgar Silva, coordinador del comité de derechos humanos para la defensa de pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad. Silva, en entrevista con contrapunto.com en octubre pasado, opinó que sí hay una política de exterminio contra los adultos mayores.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7, incluye el exterminio entre los crímenes de lesa humanidad. «El «exterminio» comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas encaminadas a causar la destrucción de parte de una población».
Para Silva hay una intencionalidad por parte de Maduro, al mantener las mismas políticas sociales y económicas a sabiendas de que los adultos mayores no pueden acceder a medicinas y alimentos.
Pero no es solo el comité de derechos humanos liderado por Silva el que va a presentar un escrito ante la CPI. Emilio Lozada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela, también confirmó -en entrevista con Unión Radio- que están preparando el expediente para llevar el caso a la misma instancia. Lozada detalló, que en Venezuela hay 5,3 millones de jubilados y pensionados, además de 23 mil radicados en 27 países y también afectados por la suspensión del pago.
Lozada dijo que esperan tener todos los recaudos en un mes. Silva indicó por su parte, que en el primer semestre de 2022 debería estar listo el documento con todos los elementos.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció en noviembre pasado que se cerraba la investigación preliminar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado para pasar a una investigación formal.
