La ONG venezolana Provea instó este viernes al fiscal general, Larry Devoe, y a la defensora del pueblo, Eglée González, -designados este jueves por el Parlamento- a evitar la impunidad en los casos de «graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad» que, según la organización, sucedieron «al menos desde el 2014» y los que «pudiesen ocurrir en el futuro».
«La impunidad no es una opción en un contexto que ha sido definido como ‘nuevos tiempos’ y estos funcionarios deben liderar las acciones del Estado para que prevalezca la justicia», dijo Provea en referencia al contexto que vive Venezuela desde la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.
En una nota, la organización no gubernamental señaló que ambos abogados «deben escuchar, tramitar y contribuir a resolver las denuncias y reclamos de la población relacionados con el abuso de poder por parte de funcionarios policiales y militares, entre ellos, las reiteradas prácticas de extorsión, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas».
«Tienen el compromiso de transformar las dos instituciones a su cargo para que retomen su mandato como entes al servicio de la gente y no como brazos de un partido político o del Ejecutivo», señaló.
En ese sentido, la ONG expresó que la Fiscalía «no puede continuar siendo una institución central en la persecución por motivos políticos».
Además, Provea indicó que deben colaborar con organismos e instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU para Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).
Por otra parte, la ONG señaló que las designaciones de estos funcionarios «se realizaron en ausencia de reglas claras y públicas sobre el procedimiento y los criterios de evaluación», y agregó que esta «opacidad abrió la puerta a una decisión discrecional, en lugar de una selección basada en méritos, criterios técnicos y probidad».
Devoe, colaborador cercano del chavismo, y González fueron designados por el Parlamento, de mayoría oficialista, luego de que los anteriores titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo renunciaran en febrero, en medio de la aplicación de la amnistía.
